No ha lugar, y dicho con determinación

LA CALIDAD de la respuesta política a los planes del Gobierno ha tenido un ejemplo indiscutible en el perfecto silencio de la oposición ante la sentencia del Tribunal Supremo británico que prohíbe el referéndum de autodeterminación escocés. Un silencio aún más enojoso cuanto que la decisión del Tribunal coincidió con la reforma de la sedición. Y que la sedición fue el camino que emprendió el nacionalismo catalán después de que el Tribunal Constitucional le dijera a Carles Puigdemont lo que acaban de decirle a Nicola Sturgeon: no tiene competencias para convocar el referéndum.

La sentencia, un ejemplo de la claridad derivada de la ausencia de complejos, establece que solo Westminster –es decir el Parlamento de la Unión– puede convocar un referéndum de esta naturaleza. Y, además, declara taxativamente: «No ha lugar aquí a hablar del derecho de autodeterminación». El no ha lugar se argumenta a partir de la sentencia de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso del Quebec. Este párrafo, tan apreciado por los catalunyeses: «Quebec no cumple con la condición previa de ser un pueblo colonial o un pueblo oprimido, ni se puede entender que a los quebequenses se les ha negado un acceso significativo al gobierno con el que dañar su desarrollo político, económico, cultural y social. En estas circunstancias, la Asamblea Nacional, el poder legislativo o el Gobierno de Quebec no gozan de un derecho dentro del derecho internacional para efectuar la secesión de Quebec de Canadá de forma unilateral».

La ejemplar sentencia niega, incluso, la posibilidad de un referéndum no vinculante y manda un reproche retrospectivo a Mariano Rajoy, sobre su defección dudosamente legal en el 9-N de Artur Mas. Y una advertencia de futuro al actual presidente del Gobierno, siempre tentado por la serpiente: «Aunque el referéndum no tenga consecuencias jurídicas inmediatas –razona el Tribunal–, sería un acontecimiento político con importantes consecuencias políticas». La sentencia, por último, debería ser meditada, entre otros de su fenotipo, por Lionel Barber, el director del Financial Times, que enderezando como de costumbre su dedo índice, siempre culpó al Gobierno español de falta de flexibilidad política. ¿Qué debería hacer ahora el Gobierno británico, díganoslo ¡oh, Barber!, si Sturgeon decidiera ignorar –lo que, por supuesto, no ha hecho– la sentencia del Alto Tribunal?

Llegando al borde acantilado de la columna no quiero dejar de decir que la sentencia pone también muy difícil la autodeterminación de Galicia.

¿Qué debería hacer ahora el Gobierno británico si Sturgeon decidiera ignorar –lo que, por supuesto, no ha hecho– la sentencia del Alto Tribunal?