Hacienda trabaja en un diccionario para el contribuyente
La Agencia Tributaria confeccionará en 2023 una guía de términos simplificados
es una prioridad total para la Unión. El primero es su afinidad con Moscú y la dependencia energética de sus hidrocarburos. La segunda, que Hungría tiene un roce con Ucrania desde hace años por la minoría magiar en el país, cuyos derechos, dice Orban, no se respetan. Y el tercero, puro interés. Ese veto le da una mano muy fuerte en la partida y no piensa venderla barata.
La UE busca alternativas para ayudar a Ucrania en un momento muy delicado, con el frío haciendo daño y unas necesidades financieras altísimas. El comisario Johannes
Hanh, responsable de Presupuestos de la Unión, explicó ayer que están buscando alternativas legales, con el Presupuesto a disposición, para enviar fondos a Kiev lo antes posible. Una opción sería que los Estados Miembros aumenten las garantías que proporcionan para que la Comisión se endeude, pero eso es lento pues en muchos casos requiere trámites en los Parlamentos nacionales. «No hemos podido adoptar el paquete en su totalidad, pero no nos desanimaremos», dijo el ministro de finanzas checo, Zbynek Stanjura, en su función de responsable temporal de la reunión de ministros de finanzas.
La negociación ahora se está haciendo al máximo nivel. Emmanuel Macron y Olaf Scholz han aprovechado la cumbre informal que se celebra hoy en Albania para hablar del tema con Orban. Hungría insiste en que no está vetando nada, que está a favor del paquete de ayuda macrofinanciera a Hungría y está segura de que se aprobará en los próximos días. Y ha prometido que en la primera sesión parlamentaria de 2023 se aprobará la entrada de los países nórdicos en la OTAN.
La semana que viene hay otra oportunidad. Por un lado, Budapest tiene parte de la sartén por el mango. Pero al mismo tiempo Hungría necesita también con urgencia esos fondos europeos. Los 13.000 millones que estarán congelados hasta que el Gobierno apruebe las reformas pendientes y garantice la independencia de sus instituciones y tribunales son esenciales para su economía, muy tocada por la crisis energética y la inflación. El día 19 expira el plazo contemplado en el reglamento de los Fondos Next Generation, y si la UE no ha dado el visto bueno al plan re recuperación húngaro se arriesgan a perder hasta el 70% de todos ellos.
El presidente húngaro es afín a Moscú y presenta además un viejo roce con Ucrania
Las negociaciones ahora son al máximo nivel con Macron y Scholz implicados
La Agencia Tributaria es consciente de que el vocabulario que emplea en sus comunicaciones y notificaciones no es, ni mucho menos, entendido siempre por el contribuyente que las recibe. Es más, el hecho de que puedan resultar complicadas de entender, sumado a que el documento en cuestión lleva el sello del departamento dependiente de Hacienda, no hace más que dificultar los procesos de comunicación e incluso atemoriza. Y por eso, el organismo que dirige Soledad Fernández va a elaborar una suerte de diccionario, inicialmente para los documentos y procesos más habituales, con el que quiere solucionar o mitigar esta situación.
«Es necesaria una mejora y simplificación del lenguaje que utilizamos en nuestros escritos. Somos conscientes de que a veces resulta difícil para el ciudadano entender lo que le estamos diciendo», explicó la directora general de la Agencia Tributaria en su comparecencia el pasado mes de noviembre en el Congreso. «Por lo tanto, lo que vamos a hacer en 2023 es seleccionar los documentos que tienen una mayor difusión entre los ciudadanos para simplificarlos y, si es factible y vemos que el resultado es positivo, el resto de documentos se irá simplificando en el resto de ejercicios». ¿Y cuáles son esos documentos? Pues las comunicaciones y notificaciones de gestión y recaudación, confirman en Hacienda.
Aquí se incluyen, por ejemplo, las notificaciones de apremio y embargo, especialmente los embargos de créditos que resultan especialmente complejos de comprender. También algunas comunicaciones ordinarias o incluso las liquidaciones del impuesto de la renta, operaciones todas ellas que se encuadran en esas de «mayor difusión». Todavía no hay una lista cerrada, porque como informó Fernández en el Congreso y subrayan en la Agencia Tributaria todavía se está trabajando en ello. Pero el objetivo es tener ya el año que viene un primer listado, una primera guía o diccionario.
Hay, sin embargo, algunos problemas que la propia directora general de la Agencia señaló. El más importante, probablemente, que se trata de «una tarea difícil que se ha intentado muchas veces desde la Agencia Tributaria y que plantea innumerables problemas técnicos de revisión global de todos los sistemas informáticos».
Fernández está, en todo caso, convencida de la necesidad de acometer un proceso que acercaría a la Agencia Tributaria al ciudadano. A un vocabulario más fácilmente comprensible, razón por la que este organismo ha sido muchas veces recriminado. Y que no esté limitado a los propios inspectores, a gestores habituados a tratar día a día con Hacienda y, en definitiva, a agentes especializados.
Dentro de los objetivos y proyectos de la Agencia Tributaria para 2023 también está el estudio del denominado derecho al error. Que Hacienda «valore» la conducta de determinados contribuyentes «cuando incurren en pequeños errores o pequeños incumplimientos involuntarios, especialmente en aquellos en los que no se produce un perjuicio para la Hacienda pública», según explicó Fernández. Son errores cometidos por ciudadanos «que son tradicionalmente cumplidores», añadió, y para los que se estudiará aplicar el «derecho al error o derecho a la rectificación».
En otras palabras, que a un contribuyente que no incumple de manera reiterada con sus obligaciones tributarias y que incurre en
programas formativos conjuntos e incrementar nuestra presencia en los foros de empleo para captar y explicar qué es la Administración Tributaria, y si es posible captar nuevos opositores», explicó Fernández, que es consciente de la necesidad que tiene Hacienda de atraer al talento joven.