Ofensiva para recuperar el 25% en las escuelas
La AEB apunta a Cambray y a los directores por desobediencia
be hacerse «fuera del horario lectivo». «El calendario escolar está para atender las necesidades educativas del alumnado, no para atender las necesidades de conciliación de los padres», advierte. Y recuerda que, «si los profesores comienzan antes a dar las clases, no tienen tiempo para organizarlas debidamente».
Lo corrobora Baltasar Alonso, director del colegio público Isabel Reina de Castilla de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), que volvió al trabajo el 26 de agosto para preparar el curso, acompañado de todo su equipo directivo. «Los profesores se incorporaron el 1 y el 9 comenzarán a dar clase. Entre el 1 y el 9 tienen que programar y coordinar, que es una tarea fundamental. Y este año, con la Lomloe, mucho más, porque hay metodologías activas como aprendizaje cooperativo, proyectos o actividades con nuevas tecnologías, además de los nuevos currículos. No pueden llegar y ponerse a dar la clase sin más».
Alonso indica que la programación no puede hacerse en junio o en julio «porque hay mucho profesorado que cambia de centro, porque son interinos o participan en concursos de traslados o comisión de servicios» y las administraciones toman las decisiones con poco margen.
La eliminación de los exámenes de recuperación de septiembre ha despejado, eso sí, la actividad docente a principios de mes. Además, las CCAA tienden a simultanear los calendarios de Infantil, Primaria y Secundaria para facilitárselo a las familias con hijos en distintas etapas. Así se ha hecho en Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares y Asturias. En Murcia, Navarra y el País Vasco, la vuelta a las aulas se produce en días distintos según el municipio para no contraprogramar las fiestas locales.
Las familias constatan que la situación es mejor que la que había hace décadas, cuando el regreso no se producía hasta el 15 de septiembre, algo que ya sólo ocurre en Andalucía. La vuelta se concentra ahora entre el 8 y el 12. Pero, aún así, en España tenemos muchos días de vacaciones de verano en comparación con otros países (11 semanas frente a las seis de Reino Unido o Alemania o las ocho de Francia), según los últimos datos disponibles de la red Eurydice de la Comisión Europea.
En cuanto a días lectivos, estamos en un mínimo de 175 al año, dentro de la media de los países de nuestro entorno (entre los 165 días de Albania y Malta y los 200 de Dinamarca e Italia, aunque la mitad de los estados comunitarios tienen entre 170 y 180 días lectivos). Lo que ocurre en Europa es que el comienzo de curso se produce antes. Sólo Portugal, Bulgaria, Luxemburgo y Malta fijan la vuelta al colegio en la segunda quincena de septiembre. Pero casi una decena de países comienzan a principios de mes y hay seis que incluso lo hacen en agosto.
Según Lucas Gortázar, director de Educación del think tank EsadeEcPol, «nuestro calendario escolar es posiblemente el más ajustado y comprimido de todos los países de nuestro entorno», pues nuestros vecinos europeos intercalan más descansos a lo largo del curso mientras que aquí se concentran los días libres en verano, Navidad y Semana Santa.
«Tenemos un parón veraniego más bien alto y un número de semanas más bien bajo. Si le sumamos que España es uno de los países con más horas lectivas de la OCDE en la ESO y hay una jornada continua generalizada en los institutos, nos queda un calendario ultracondensado en el día y a lo largo del curso», advierte.
«No es mala idea empezar una semana antes el curso escolar », considera Gortázar. «Teniendo en cuenta el impacto que tiene el parón veraniego en el alumnado vulnerable, así como la jornada continua, deberíamos aspirar a un calendario algo más largo, con entre una y dos semanas más, estableciendo jornadas más amplias. Creo que empezar antes tiene más sentido que acabar más tarde. Tendría implicaciones positivas para la conciliación de las familias, pero ese es un argumento secundario para tomar la decisión. Desde luego, más escuela es siempre más oportunidades para los alumnos vulnerables».
El partido ‘morado’ anunció ayer que ha pedido al Ministerio de Educación una ayuda urgente de hasta 200 euros para sufragar el coste de la vuelta el colegio, como la adquisición de libros de texto, de las familias con rentas medias y bajas, sufragada mediante un presupuesto de 400 millones que se transferiría a las CCAA.
Hace unos días, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también propuso al Gobierno un cheque de al menos 200 euros para cada hijo de familia en edad escolar para hacer frente al incremento de lo que consideró como
«el curso más caro de la democracia».
En el Debate del estado de la Nación de julio, y en plena polémica por las becas para rentas altas de Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez, prometió 400 euros más para los estudiantes que ya reciben beca, lo que supone un incremento de 400 millones de euros adicionales en el dinero ya presupuestado para becas y ayudas al estudio de este curso.
Coincidiendo con el inicio del curso escolar en Cataluña, los centros educativos han empezado a aplicar la orden de la Generalitat de dejan de impartir asignaturas troncales en castellano, un mínimo de un 25% de las horas lectivas. Esto afecta a una treintena de escuelas públicas y concertadas que estaban hasta este septiembre aplicando el 25%. La mayoría de padres de estos centros han recibido un comunicado del colegio en el que, siguiendo instrucciones del Departamento de Educación, se les comunica que no aplicarán las ordenes judiciales sobre el uso del castellano, ya que consideran que la nueva ley de educación catalana las deja obsoletas.
Ante esta situación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha empezado su ofensiva judicial. Ayer informaron al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de los centros, como la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en la que los padres han sido informados de que no se aplicarán las medidas cautelares o las sentencias en las que se acordaban un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano para los alumnos que lo demandaron.
La entidad a favor del bilingüismo considera que existe un posible delito de desobediencia a las órdenes judiciales y por eso alerta al TSJC del incumplimiento. Además, han presentado alegaciones a la petición de la Generalitat para que se retire, en todos los procedimientos contenciosos abiertos, las medidas del 25%. Desde la AEB se afea al Govern que ha dado las instrucciones para no impartir clases en castellano a las familias que lo tenían reconocido judicialmente antes de que el tribunal se pronunciase, por lo que creen que pueden haber cometido también un delito de prevaricación.
Además, también tiene previsto presentar denuncias contra los directores de los centros educativos que han dejado de aplicar el 25% por una presunta desobediencia. Creen que es un delito que no acaten la orden directa del tribunal pese a que son funcionarios ya sea en medidas cautelares o en sentencia. También preparan una denuncia contra el consejero Josep Gonzàlez-Cambray y a la secretaria general de Educación, Patricia Gomà, ya que fue la encargada de firmar la orden en la que se instaba a los centros a no seguir con la aplicación del 25% teniendo en cuenta la nueva normativa catalana sobre educación. La denuncia contra el consejero debería realizarse ante el TSJC ya que es aforado y podría acumular el procedimiento penal contra la secretaria general y los directores que han decidido no aplicar el 25%. Otra opción es que el tribunal, decida instar a la Fiscalía a ver si las instrucciones de no acatar esa orden pueden suponer algún tipo de reproche penal.
Uno de los colegios que tiene escrito en el TSJC ante una posible desobediencia por no aplicar el 25% como en cursos anteriores es la escuela Turó del Drac de Canet de Mar cuyo caso, que afectaba a un alumno de P5, estuvo seguido de un linchamiento en las redes de la familia a finales del año pasado. El Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona ha recibido a cuatro investigados por un presunto delito de odio. Dos de ellos se negaron a declarar, mientras que otro aseguró que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión con «respeto», encuadrado en el debate sobre la inmersión. Otro acusado explicó que era solo una «burla» por las declaraciones de representantes del PP contra la inmersión y no iba contra la familia de Canet.