Una propuesta demasiado radical
Los derechos de los pueblos indígenas o el modelo de justicia generan rechazo
Aunque en octubre de 2020 los chilenos votaron por mayoría cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, el texto nacido de ese deseo ha sido claramente rechazado. Tal vez haya influido el largo proceso de redacción (nueve meses), algunas noticias sobre los miembros de la Constituyente –uno de ellos reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer–, o el reproche de que no estaban suficientemente preparados para la ilustre tarea. Pero, sobre todo, la propuesta tenía carencias. Demasiado radical y vaga en algunas propuestas, también cambiaba conceptos anclados en la democracia chilena.
eE⚫IMINACIÓN DEL SENADO. Con el argumento de que el Senado replica las funciones del Parlamento (lo que alarga el proceso legislativo), el texto de la Constitución lo eliminaba para establecer en su lugar una
Cámara de las Regiones. Lo que motivó las críticas a esta nueva asamblea de regiones son sus funciones, ya que sus miembros no participarían en el proceso de elaboración de todas las leyes sino sólo algunas: las que se refieren a la estructura orgánica del Estado, las que afectan a una reforma de la Constitución y las leyes de alcance regional. Sus críticos (entre los que estaba la senadora Isabel Allende, hija del ex presidente socialista Salvador Allende) vieron en esta medida un riesgo de que se perdiera el poder de veto de la oposición, tradicionalmente ostentado por el Senado. Además, reprochaban al texto que las funciones reservadas al nuevo órgano fueran muy pocas, por lo que no serviría de contrapeso a la Cámara de Diputados
eDERECHOS DE LOS INDÍGENAS. El texto de la Constitución otorgaba derechos inéditos a los pueblos indígenas (que representan casi el 13% de 19 millones de chilenos). La propuesta afirmaba que Chile era un estado plurinacional, es decir, que los indígenas serían reconocidos como una nación distinta. Además, tendrían sus propios tribunales, cuotas aseguradas en cualquier órgano electo y podrían gobernar sus propios territorios y reclamar la restitución de terrenos que les fueron históricamente arrebatados. Sin embargo, la norma no explicaba cómo se produciría esa restitución. La mayor controversia venía por la idea de crear un sistema paralelo de justicia que daba la sensación de trato privilegiado. Pero las críticas también provenían de los propios mapuches (que constituyen el 80% de los pueblos indígenas en Chile): «¿De qué sirve tener escaños reservados si muchos mapuches no tienen qué comer?», se preguntaba estos días un líder de la comunidad en el diario The New York Times.