DIVISIÓN EN EL GOBIERNO POR LOS FUNCIONARIOS

El sindicato más representativo de los empleados públicos, CSIF, anunció ayer una gran movilización para el próximo 24 de septiembre en Madrid en la que pedirán al Gobierno que se siente a negociar una subida de los salarios de los funcionarios y personal laboral de la Administración que compense el aumento de la inflación de aquí a los próximos dos ó tres años, un objetivo que el ala de Podemos del Gobierno apoya pero que la parte socialista rechaza.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya apuntó en julio que los funcionarios formarían parte del Pacto de Rentas, como publicó este periódico, lo que quiere decir que también deben cargar con parte del coste de la inflación y renunciar a una revalorización acorde a la subida de los precios; mientras que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, señalaba la semana pasada que tratarían de «encontrar un alza que nos permita proteger los salarios públicos pero evitando una espiral inflacionista».

Desde CSIF, sin embargo, aseguran que los empleados públicos ya han contribuido a ese pacto asumiendo una pérdida acumulada en su poder de compra del 20% desde el año 2010, en que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero bajó sus sueldos.

Los miembros de Podemos en el Gobierno sí son partidarios de elevar el salario de los empleados públicos para compensar la inflación, igual que piden a la patronal de empresarios que acepte subir los sueldos de los empleados del sector privado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha convertido en los últimos días en adalid de las reivindicaciones salariales a nivel nacional.