Y la ley prevaleció frente al separatismo

TAL día como hoy hace cinco años se consumó en el Parlament de Cataluña la agresión a la democracia más grave desde el golpe del 23 de febrero de 1981. La entonces presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, condujo hasta la votación final la fraudulenta tramitación de las llamadas leyes de desconexión mediante un procedimiento conscientemente ilegal que aplastó los derechos políticos de la oposición constitucionalista, en un claro reflejo de la voluntad totalitaria que animaba a los promotores del procés: la construcción por la fuerza de una Cataluña segregada, autoritaria y xenófoba.

Importa recordarlo ahora, cuando ha pasado algún tiempo y el presidente del Gobierno, tan memorioso para determinados relatos históricos, es el primer interesado en echar tierra sobre aquella indignidad, puesto que debe su poder a los partidos responsables de aquel asalto felizmente fracasado a la solidez de las instituciones del Estado, con Felipe VI y los jueces y fiscales en primer lugar. No puede sorprender que Sánchez prefiera tratar aquellos instantes como un accidente puntual ya superado, puesto que el reconocimiento de la amenaza latente que siempre supondrá el nacionalismo catalán para la democracia española lo convierte en cómplice de su impunidad, empezando por los indultos concedidos a los sediciosos, peaje de su mantenimiento en La Moncloa.

El relato oficial dice que el procés no solo ha muerto sino que el separatismo, que ciertamente atraviesa sus peores horas de división, es un socio progresista deseable para la gobernabilidad de España. Lo cierto es que no lo es, que no se han arrepentido, que nunca merecieron los indultos porque jamás renunciaron a volverlo a hacer, que el rodillo lingüístico y la insumisión a las leyes que lo han condenado persiste con el apoyo otra vez del PSC, que Cataluña languidece en el marasmo económico y en la parálisis política por la incapacidad de sus élites para confesar su error y virar el rumbo en aras de una convivencia democrática sana.

Si hoy el secesionismo no está en disposición de repetir su ataque al Estado y a la nación no es por el impostado diálogo de Sánchez, como él presume, sino por el fundado temor al artículo 155 –que debió aplicarse el 7 de septiembre de 2017– y a la cárcel que ya han experimentado. El único futuro de las sociedades libres nace del imperio de la ley, y el inquilino de La Moncloa debería ser el primero en velar por su cumplimiento.