«Me pregunto si me lo han hecho por ser hombre»

Teodoro Leandres fue condenado por abusos tras una denuncia falsa de su ex y por el testimonio «dirigido» de su hijo menor

Fue un domingo de enero de hace nueve años. En el Paseo de Gibraleón, un pequeño municipio muy cercano a la capital onubense, un grupo de niños juega a la pelota y, justo al lado, en un bar, dos amigos juegan al ajedrez. Uno de los que mueven alfiles y torres es Teodoro Leandres, el protagonista, a su pesar, de esta historia, y uno de los niños que se divierte con el balón es su hijo, de ocho años.

Ése es el último recuerdo que guarda Teodoro de su hijo, al que no ha vuelto a ver desde aquel fin de semana.

Lo siguiente que recuerda Teodoro es que la Guardia Civil le comunica que su ex pareja le había denunciado por enseñar a su hijo a descargarse vídeos porno en el móvil y que le aconsejaron no acercarse a él mientras todo se aclaraba.

Pero nada se aclaró y, al contrario, aquella denuncia creció y creció como una bola de nieve y Teodoro acabó en prisión, donde pasó tres años, dos meses y tres días, condenado en 2015 por abusar sexualmente de su pequeño.

Un tribunal se creyó a pies juntillas el testimonio de su ex compañera sentimental y le condenó a 14 años de prisión. Se basó, además, en el relato de su hijo de ocho años, pero éste, como ha quedado luego probado, fue «dirigido» por las psicólogas de la Junta de Andalucía que le atendieron y por eso ahora Teodoro no sólo ha conseguido limpiar su nombre y probar su inocencia, sino, además, que la misma Justicia que le condenó obligue a la Administración autonómica andaluza a indemnizarle por la «mala praxis» de aquellas psicólogas.

No sólo eso, sino que la última sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pone en cuestión el propio sistema de atención a los menores que son víctimas de abusos sexuales en la comunidad al señalar, con dureza, el «funcionamiento anormal» del Servicio de Prevención y Atención a las Familias de la Consejería de Inclusión de la Junta. Aquellas psicólogas, destaca el Alto Tribunal andaluz, no sólo aplicaron mal las técnicas, sino que indujeron las respuestas e hicieron, tras 150 sesiones, que el menor interiorizara «unos abusos que no existieron».

Precisamente, la Junta anunció ayer que va a revisar el contrato con la Asociación Adima, a la que pertenecían las psicólogas y que sigue prestando ese servicio.

Pero el calvario no ha terminado para este hombre, que hoy tiene 56 años pero cuya vida se paró a los 47 años. De aquella mujer que le denunció y le destrozó la vida «no quiere saber nada», pero exige que «alguien» le explique por qué terminó en prisión por una denuncia falsa que, sobre todo, le ha privado de su hijo.

«Lo he perdido todo», dice Teodoro en conversación con EL MUNDO, y con ese todo se refiere a los tres años largos que ha pasado privado de libertad, pero también a su presente y a su futuro, a su trabajo –era obrero de la construcción– y, por encima de todo, a su hijo, al que no ha vuelto a ver.

Hoy aquel niño que juega aún a la pelota en su recuerdo más preciado tiene 18 años y vive en Huelva, pero su padre no sabe cómo acercarse a él «para no hacerle daño». De hecho, si se ha decidido a contar su historia en periódicos, radios y televisiones es con la esperanza de que le llegue a su hijo y que éste conozca la verdad.

Insiste, en ese sentido, en que no pretende « una venganza » contra las psicólogas que le destrozaron la vida y le separaron de su hijo, pero sí se pregunta «si lo que me han hecho a mí es porque soy hombre».

La Junta anuncia que revisará el contrato con las psicólogas