«La devolución de menores desde Ceuta la decidió Madrid»
La vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, ratificó ayer ante la juez que investiga el retorno de menores desde Ceuta a Marruecos en el verano de 2021 que el Gobierno coordinó la estrategia de devolución. «Todo lo decidía Madrid», zanjó. Deu se pronunció en los mismos términos que ante el fiscal en su comparecencia del pasado diciembre. En ella, aseguró que siguieron en todo momento las instrucciones del Ministerio del Interior para retornar a los adolescentes.
Además, ayer apuntó sobre el Ministerio de Presidencia, que entonces ocupaba Carmen Calvo, y otros altos cargos. De hecho, Deu ofreció aportar todas las comunicaciones que mantuvo con jefes de Gabinete y otros responsables de los ministerios. Deu insistió en que tenía contacto «todos los días» con el Gobierno central a través de la Vicepresidencia, Asuntos Sociales e Interior. Según destacó, su equipo tuvo reuniones directas con el Ministerio del Interior. La vicepresidenta del Ejecutivo ceutí, además, trató de justificar la falta de procedimiento legítimo –como es la expulsión sin seguir los parámetros de la Ley de Extranjería– alegando que se trataba de una situación de excepcionalidad con la que defendió la legalidad del operativo.
También estaba prevista para ayer la declaración de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, quien pidió a la magistrada no asistir alegando motivos de salud. Ambas están imputadas por prevaricación. Según explicó María Isabel Deu a la Fiscalía en su declaración del pasado mes de diciembre, España expulsó a los menores que saltaron la valla en 2021 –lo hicieron en el apogeo de la mayor crisis diplomática con Rabat de los últimos años– sin saber quiénes eran sus familias ni adónde iban a ir una vez fuera de España. «No me constan quiénes eran las familias de origen», indicó.
En la misma comparecencia, precisó que nunca tuvo acceso a la documentación a pesar de haberla solicitado. Sus apreciaciones son de suma relevancia ya que junto a Mateos fue la persona que hizo posible ese dispositivo. El fiscal sostiene que las repatriaciones debieron ejecutarse siguiendo la Ley de Extranjería y no a través de un acuerdo entre España y Marruecos, que es el camino que escogió el Gobierno.