El PSOE no puede perdonarse
LA SENTENCIA íntegra del caso ERE que notificó ayer el Tribunal Supremo constituye la prueba definitiva de la corrupción que durante casi 40 años anidó en la cúspide del poder público en Andalucía. El Supremo argumenta a lo largo de 1.205 folios que José Antonio Griñán y Manuel Chaves conocieron y consintieron el «descontrol absoluto» de las concesiones de ayudas. En concreto, Griñán, como consejero de Hacienda, desempeñó un «papel central» en la elaboración de las normas que permitieron el fraude. Por ello la Sala de lo Penal ratifica la condena de la Audiencia de Sevilla a seis años de prisión por prevaricación y malversación.
Resultaría asombroso, si desgraciadamente no fuera previsible, que pese a la contundencia del fallo el Gobierno mantenga su voluntad de indultar a un ex dirigente de su propio partido condenado por corrupción. Quienes defienden la medida de gracia para él apelarán ahora al contenido del voto particular de dos magistradas, que sostienen que Griñán y otros cuatro condenados no cometieron malversación (el delito que conlleva penas de cárcel). Las dos juezas, de sensibilidad progresista, afirman que no intervino en el fraude ni supo de él. Pero esta legítima discrepancia jurídica no es en absoluto suficiente para defender un perdón que divide incluso al PSOE andaluz.
En primer lugar, conviene subrayar la evidencia de que se trataría de un indulto político, figura que el propio Pedro Sánchez prometió desterrar. Es sencillamente insostenible hacer bandera de la lucha contra la corrupción, bandera sobre la que sustentó la moción de censura que lo llevó al Gobierno, y al mismo tiempo pretender hacer uso de esta excepcional prerrogativa para anular los efectos de la condena firme a uno de los nuestros.
En segundo lugar, el abuso que el Ejecutivo está realizando del indulto, ligándolo a causas vinculadas con su ideología (los presos del procés, Juana Rivas o la ex presidenta de Infancia Libre) y convirtiéndolo en una última instancia que de forma caprichosa corrige el fallo de los tribunales, constituye otro de los duros ataques que está sufriendo el poder judicial. El mensaje hacia los cargos públicos es demoledor: si delinquen, podrán ser salvados cuando su partido gobierne. El mensaje hacia la población es igualmente dañino: el Código Penal no es aplicable a los políticos.
Al contrario de lo que sostiene el PSOE, la cuestión no estriba en si Griñán es un buen hombre que no se ha enriquecido. Su condena es clara y firme, y el daño social que causó con el desvío de ayudas millonarias hacia una red clientelar que ayudó al partido a mantenerse en el poder ha quedado acreditado.
Si dada su avanzada edad el Gobierno desea aliviarle la condena, puede recurrir al régimen penitenciario. Lo que ningún ciudadano razonable puede comprender es por qué Griñán debe recibir un trato de favor cuando en las prisiones españolas hay 44 malversadores como él a los que ningún gobernante ha indultado. Si el PSOE no pide perdón, al menos que no utilice su poder para perdonarse a sí mismo.
El daño social que causó Griñán ha quedado acreditado