Cuarenta y cuatro condenados cumplen prisión por prevaricación
«Mi cliente tampoco se llevó un duro y cumplió en la cárcel», dice la abogada de un ex alcalde
Si José Antonio Griñán llega a entrar en prisión se sumará a una lista que no es corta: a fecha 1 de julio, había en las cárceles españolas 44 presos cumpliendo pena por un delito de malversación como el impuesto ya de manera firme al ex presidente andaluz.
Para ellos no ha habido un indulto como el que el Gobierno da a entender que concederá a Griñán alegando que él no se lucró personalmente con el dinero público. Lo cierto es que entre esos 44 condenados y entre quienes ya han cumplido sus penas por malversación también los hay que no se llevaron dinero.
Es el caso de Luis Miguel Abós, ex alcalde la de localidad zaragozana de Letux, al que el Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años y medio por malversación. Solicitó el indulto al Gobierno y pidió a la Audiencia Provincial que suspendiera el cumplimiento de la pena de prisión mientras el Gobierno resolvía. Se denegó la suspensión en 2018 y, finalmente, también el indulto.
«Él tampoco se llevó ni un duro, pero cumplió la pena en la cárcel», explica su abogada, María José Sancho. Resalta que el jurado ratificó que, efectivamente, el dinero malversado se lo quedó el empresario que había asumido unas obras en el municipio. La petición de indulto destacaba que, puesto que el empresario se había declarado insolvente, el ex alcalde había repuesto los fondos.
No es fácil obtener un indulto del delito de prevaricación. Dejando a un lado los concedidos por el procés y sus peculiaridades, la última medida de gracia para evitar la entrada en prisión por ese delito es de 2013. El Gobierno del PP indultó parcialmente la condena a la miembro de la ejecutiva del PSOE en Sevilla-Este María Dolores Mateos Sánchez. Los tres años de prisión por el uso de unos vehículos que no eran suyos quedaron en dos y pudo así eludir la cárcel.
La lista de los 44 penados actuales incluye tanto cargos públicos y funcionarios como los ciudadanos particulares con los que cometieron el delito. Una reciente entrada en prisión es la del ex alcalde de Navalvillar de Pela (Badajoz) Manuel Sánchez Custodio. Cumple una condena de cinco años y tres meses por malversación y prevaricación. En su caso, por percibir fondos del Ayuntamiento de forma no justificada.
Están actualmente cumpliendo penas de prisión, por ejemplo, la ex consejera de Turismo de Valencia Milagrosa Martínez, por la rama del caso Gürtel relativa al montaje de los stand de Fitur. No se llevó dinero, pero sí regalos de la trama corrupta. Por Gürtel y por llevarse dinero cumplen también condenas firmes el ex consejero Alberto López Viejo y los ex alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
Más allá del delito de malversación, los presos por todas las categorías que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera corrupción suman 124 internos.
La cifra precisa de «población reclusa» que el Ministerio del Interior aporta al Consejo solo tienen en cuenta el delito más grave. Así que a los 44 habría que sumar a encarcelados con malversación pero con otro delito más grave. Es el caso de la ex alcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, a la que se puso más pena por cohecho que por malversación.
Es fácil que los números oficiales varíen, porque hay condenas recientes. Entre ellas, los tres años y medio confirmados por el Tribunal Supremo hace dos meses al ex consejero popular de Interior de Baleares José María Rodríguez.
Pero sin duda lo que –antes de que los indultos entren en juego– podría mover la cifra significativamente es el caso ERE. Además de Griñán, otros nueve acusados han visto confirmadas las penas de prisión. Con ellos, la cifra de reclusos por malversación podría superar holgadamente el medio centenar.
La lista incluye casos de quienes no se lucraron personalmente