El buen prevaricador
Griñán basó su defensa ante el Supremo en que «no puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos». El TS adopta tono profesoral y aclara: «Para la existencia de prevaricación no se precisa que el autor actúe guiado por motivos de interés personal o con un ánimo de enriquecimiento o beneficio personal, siendo suficiente que las resoluciones que se dicten estén orientadas a eludir el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos». Griñán conocía las normas y las esquivó. Pudo impedir las ilicitudes y las amparó y consintió.
El TS no dilucida ni concluye que la institucionalización del sistema clientelar estuviese destinada a conservar el poder y ejercerlo en régimen de monopolio, aunque advierte de los «fines políticos» de la trama. Por eso precisa que la crisis social generada por la crisis financiera «no habilita ni es motivo para conceder subvenciones al margen de la legalidad, ni justifica que se seleccione a los beneficiarios sin atender a criterios objetivos y sin exigir requisito alguno, con posposición del resto de los potenciales beneficiarios». El toreo a la Ley provoca discriminación. Los distintos gobiernos socialistas de la Junta actuaron arbitrariamente, en beneficio propio o de quienes designaron abusiva, discrecional y caprichosamente como agraciados. Chaves, Griñán y compañía convirtieron a la Junta en una lonja de favores con dinero público.
La defensa de Griñán sostuvo que el grueso de los hechos sucedió cuando él no ejercía cargo en la Junta. Sin embargo, Griñán extendió la trama pues aplicó e introdujo modificaciones presupuestarias contra el criterio de algunos técnicos, que advirtieron repetidamente de las irregularidades. Griñán evitó los controles. El Partido Socialista andaluz organizó una trama mastodóntica que condenó a la precariedad, estrechez y paro a una parte de su sociedad.
Los auténticos señores del poder entienden el «sectarismo como virtud» [la expresión es de Varela Ortega]. El TS desmonta todos los pretextos manejados por los amigos políticos: la Ley no entiende de coartadas ni excepciones; los cabecillas y desvalijadores no sólo conocían de las prácticas ilegales sino que maniobraron para ocultarlas. A Griñán le queda una salida: la «desjudicialización» de la que alertó Lesmes. A Griñán le urge ahora tanto como a Sánchez el control del Constitucional.