El Gobierno acelera la adenda con 23.900 millones aún sin ejecutar

Se ha reunido ya con 7 grupos políticos y hoy recibe las propuestas de las comunidades

de la empresa sin lanzar la preceptiva Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Antes de que la CNMV tome una decisión, el Gobierno ha introducido por sorpresa a un nuevo consejero en este organismo. Se trata de Mariano Bacigalupo, cuyo nombramiento fue ya publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Bacigalupo es esposo de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y ha sido elegido por Calviño para que se incorpore de inmediato, a tiempo de que el organismo guardián de los mercados decida sobre la actuación del Gobierno en el caso Indra. Bacigalupo estaba en recta final de mandato como consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) pero no tenía por qué salir ahora de ese otro organismo regulador.

Buenaventura, un veterano de la CNMV, fue nombrado presidente a finales de 2020 a propuesta de Calviño, pero ha dado algunas muestras de independencia del Gobierno al rechazar que Maite Costa pueda ser etiquetada como independiente en Enagás o con su decisión de investigar el asalto a Indra. «La CNMV ha sido, y pretende seguir siendo activa en la monitorización de la condición del consejero independiente y en su rectificación en los casos en los que proceda. Eso lo hacemos con rigor y tomando el tiempo necesario, sin reaccionar a golpe de titular, sino con profundidad», se comprometió Buenaventura en pleno desembarco de Bacigalupo.

Incidió en que las sociedades cotizadas deben quedarse en la letra estricta de la ley a la hora de etiquetar a un consejero de independiente y pidió que atiendan al concepto amplio de que sólo puede tener esa calificación «el que pueda desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad (o su grupo), sus accionistas significativos o sus directivos».

Buenaventura afirmó también en que, aunque ha habido avances, «aún hay mucho trecho por recorrer » en el objetivo de conseguir igualdad de género en los consejos de administración. También reivindicó el nuevo código de buenas prácticas para inversores institucionales con el fin de que se impliquen más en las sociedades cotizadas para mejorar su gobernanza.

El Gobierno trabaja contrarreloj para presentar antes de que acabe el año la adenda al Plan de Recuperación que permitirá al país acceder a otros 80.000 millones de euros en préstamos a devolver de la Unión Europea, pero lo hace cuando aún tiene 23.900 millones pendientes de ejecutar de los 28.200 que estaban presupuestados para este ejercicio.

Según publicó ayer la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en los primeros siete meses del año el Ejecutivo sólo ha desembolsado 4.754 millones de euros de los fondos Next Generation, un 15,8% de los que tiene previsto desplegar en 2022, de los que un 60% han sido transferencias a comunidades autónomas para que ellas los ejecuten.

Sí ha hecho autorizaciones por 14.574 millones de euros ( un 51,5%) y ha comprometido gastos por 9.066 millones (32%), pero el dinero que ha salido de las arcas de la Administración Central es muy inferior y aún menor es el que ha llegado realmente al tejido productivo.

Pese a este lento ritmo de ejecución, sobre el que piden explicaciones distintos grupos políticos y agentes sociales, el Gobierno ahora está centrado en acelerar la presentación de la adenda del Plan de Recuperación, un nuevo documento en el que recogerá reformas e inversiones que se financiarán con el dinero que la Comisión Europea ha puesto a disposición de España en forma de préstamos.

Hasta la fecha, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha reunido con el grupo socialista (Patxi López), Podemos (Txema Guijarro), PNV (Aitor Esteban), Ciudadanos (Inés Arrimadas y María Muñoz), PP (Cuca Gamarra, Jaime de Olano y Elvira Rodríguez), ERC (Gabriel Rufián y Joan Capdevila), Compromís (Joan Baldoví) y PdeCAT (Ferrán Bel), y tiene pendiente aún sentarse con el resto de grupos.

El martes mantuvo una reunión con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Rosa Santos, directora de relaciones laborales de la patronal; ayer por la tarde se reunió con Unai Sordo, secretario general de CCOO, y la semana próxima se verá con Pepe Álvarez, líder de UGT.

Desde Economía señalan que estas reuniones son para «preparar la adenda » , pero dicen también que se han utilizado para «poner en valor la agenda de reformas estructurales, abordar la

Bacigalupo es ya consejero de la CNMV tras su inmediata designación en el BOE

Buenaventura pide que no se pueda echar por sorpresa a los independientes

situación y perspectivas económicas y las diferentes acciones de respuesta a la inflación». Es decir, que más allá de entrar en el contenido de ese nuevo plan para Bruselas, se abordan muchos más temas generales.

Algunos de los presentes en las reuniones admiten que no se ha profundizado en la adenda en sí y reiteran su petición de información al Gobierno sobre cómo va la ejecución del Plan. Creen que le corresponde al Ejecutivo explicar porqué cree que España debe recurrir a esos préstamos –que después tendrá que devolverle a Bruselas a un tipo de interés– y a qué cree que se deberían destinar los fondos.

Insisten en que al ser un plan plurianual que comprometerá posiblemente a varios gobiernos, el Ejecutivo debería debatir ese plan en el Congreso antes de llevarlo a Bruselas. Creen que estas reuniones se celebran porque el Gobierno tiene que hacerlas de cara a la

Comisión Europea, para poder vender en la capital belga que ha tenido en cuenta la opinión de todos los interlocutores políticos y sociales en la elaboración del plan, pero dudan realmente de que las reformas e inversiones vayan a consensuarse.

Las comunidades autónomas también tienen un papel relevante o deberían tenerlo, ya que muchas de las inversiones se producen a nivel territorial y son gestionadas por los gobiernos autonómicos, de ahí que el Ministerio de Economía les haya dado de plazo hasta hoy para presentar sus propuestas.

La próxima semana, el Gobierno recibirá en Madrid a altos cargos de la Comisión Europea que visitarán Madrid para analizar con el Ejecutivo cómo va el despliegue del plan. Bruselas tiene previsto esperar a 2023 para analizar algunas reformas como la de pensiones, pero podrán ir orientándoles ya sobre su enfoque.