Coraje para defender la lengua de todos
CUANDO en una nación como la nuestra miles de personas tienen que manifestarse por aquello que está fuera de disputa moral o legal, como subrayaba en nuestras páginas Félix Ovejero, es que estamos ante una grave anomalía democrática que no dice nada bueno del funcionamiento del Estado de derecho. La triste realidad es que una marea humana tuvo que salir ayer de nuevo a las calles de Barcelona para reclamar que el español también sea lengua vehicular en una parte de España, en Cataluña, donde es igualmente la lengua común y mayoritaria de sus habitantes. Es decir, miles de personas se vieron obligadas a manifestarse una vez más para que sencillamente se cumpla la ley, para que dejen de vulnerarse derechos fundamentales recogidos en la Constitución porque el nacionalismo sectario lleva décadas usando la lengua como herramienta de victimismo identitario contra la legalidad española y como pilar de la construcción separatista con claros tintes xenófobos. Y porque, ante ello, el Gobierno de la nación prefiere mirar hacia otro lado y dejar desasistidos a tantos catalanes que, como lamentaba días atrás alguien que ha demostrado tanto coraje cívico como el padre de Canet, sienten que el Estado les ha abandonado, sobre todo tras el reciente pacto del PSC con el independentismo dando forma a una nueva argucia para burlar a la Justicia y perpetuar una inmersión excluyente y fallida.
La convocatoria de la marcha corría a cargo de la plataforma cívica Escuela de Todos, que reclama que en los colegios de Cataluña pueda estudiarse en español. Su apuesta, compartida por la mayoría de la sociedad, pasa por un verdadero sistema de enseñanza bilingüe en el cual los alumnos puedan formarse en castellano y en catalán. Y, en esa línea, interpelaron a las fuerzas políticas para que se comprometan con «la vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo», y a los tribunales para que «amparen los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular». No puede el Gobierno de Sánchez, como peaje por prolongar su estancia en La Moncloa, tratar al conjunto de los catalanes como rehenes y seguir cercenándoles sus derechos lingüísticos. Es una auténtica ignominia que nos compromete a todos los ciudadanos españoles.
Dirigentes del PP, de Cs y de Vox se sumaron a la marcha. Pero la ausencia más destacada fue la del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien prefirió presidir la interparlamentaria de su partido en Toledo, en una decisión muy cuestionable. Feijóo se comprometió a utilizar «todas las herramientas del Estado para conseguir la cordialidad lingüística» si llega al Gobierno. Fuentes de la dirección del PP subrayaron que se refería a hacer cumplir con la obligada vehicularidad del castellano que se desprende de la Constitución, aunque él no pronunció esa palabra. En general, en su discurso sobraron ambigüedades y se echó de menos una denuncia más contundente del incumplimiento de la ley y la vulneración de los derechos individuales.
En el discurso de Feijóo sobraron ambigüedades y faltó contundencia