El Gobierno no tiene prisa en Estrasburgo
Afirma en un escrito al Tribunal que la demora en la renovación del Consejo «no es desproporcionada»
La urgencia para la renovación del CGPJ que el Gobierno exhibe en España no lo es tanto ante el Tribunal de Estrasburgo, donde la demora «no puede considerarse desproporcionada». Así lo sostiene la Abogacía del Estado, que actúa en nombre del Ejecutivo, en su escrito oponiéndose a las demandas que seis candidatos a vocal presentaron por el retraso en el nombramiento de nuevos vocales.
En las observaciones remitidas, la Abogacía pide no admitir a trámite los escritos o que, si se admiten, sean desestimados al no haberse vulnerado ningún derecho de los aspirantes a vocal. En sus razonamientos, la representación del Gobierno explica que el sistema de nombramientos por parte de las Cortes por mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras supone una mayor dificultad para llegar a acuerdos.
«Esta garantía, a su vez, de objetividad y ulteriormente de independencia, lleva consigo inherente una mayor dificultad en la obtención de mayorías y por consiguiente la mayor probabilidad de que el proceso se dilate en tanto en cuanto los parlamentarios no alcancen un consenso suficiente » . Así pues, prosigue, la demora que este sistema provoca proviene «de una búsqueda de una finalidad legítima», lo que « hace que una demora en alcanzar dichas decisiones no pueda reputarse desproporcionada».
El escrito de 64 hojas defiende
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ayer en La Palma.
repetidamente el sistema de mayoría cualificada para designar a los vocales del Consejo. «Dicha mayoría reforzada conlleva una garantía en la objetividad del nombramiento, evitando imposiciones partidistas y, por ende, constituyendo una garantía adicional en la independencia de los vocales una vez designados, [....] que a su vez es clave en la protección de los derechos y las libertades ciudadanos», dice el escrito.
Los elogios al sistema llegan pese a que el Ejecutivo puso en marcha una reforma para rebajar a mayoría absoluta la necesaria para nombrar al Consejo. Sigue siendo una mayoría cualificada, pero menos que la de tres quintos, y permitía al Gobierno nombrar al Consejo sin necesidad de consenso con la oposición. La Unión Europea frenó esos planes.
El escrito rechaza que se hayan
vulnerado los derechos de los seis candidatos al CGPJ que en 2018 respaldó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, porque «no existe» un derecho a ocupar plaza en el Consejo. Añade que las designaciones son un asunto eminentemente «político» que no puede ser controlado por los tribunales.
Los demandantes sí ven vulnerado su derecho de acceso a un cargo público, aunque la motivación principal de sus escritos a Estrasburgo no es tanto personal como general. De hecho, su petición al Tribunal Europeo es que inste a las Cámaras «a adoptar las medidas precisas para que continúe el procedimiento para la designación de los vocales del CGPJ». El Gobierno descarga la responsabilidad del retraso en los partidos políticos y libra de ello al Congreso y el Senado, responsables de nombrar cada uno a la mitad de los vocales.
El Tribunal Europeo deberá ahora decidir si admite a trámite las demandas. Si lo hace, pasará a estudiar la vulneración de derechos y, a la postre, la petición de involucrar también a Estrasburgo en la renovación del Consejo.