Alarmantes crímenes contra las mujeres
El Gobierno admite el fracaso de su política pero se divide sobre la responsabilidad
CUARENTA Y OCHO mujeres han sido asesinadas este año víctimas de la violencia de género y otros cuatro casos están pendientes de confirmación. Es una cifra que, sin olvidar los avances logrados en las dos últimas décadas, debe alertarnos. Este diciembre es el peor mes desde que existen registros y la crudeza de algunos crímenes, como el que ha terminado con la vida de una mujer embarazada de nueve meses en Escalona (Toledo), ha generado una más que justificada alarma social. España es uno de los países del mundo que más recursos legislativos, humanos y materiales dedica a luchar contra este tipo de violencia y, sin embargo, existe la percepción de que las políticas que se están desarrollando no dan sus frutos. Si acaso, al contrario.
El bochorno de ver otra vez a las dos partes del Gobierno enfrentadas cuando hay un problema que ninguna de ellas sabe cómo atajar no viene más que a confirmar que las cosas no están yendo como deberían. Diferentes ministros han reconocido los últimos días que estamos ante un «fracaso», pero como es habitual nadie asume la responsabilidad, sino que se la echa al contrario. Unos ven el problema en el Ministerio de Igualdad que dirige Podemos, otros se dirigen contra Interior y Justicia, en manos del PSOE. Muy mal síntoma, especialmente en un Gobierno que dice asumir el feminismo como una misma razón existencial.
Alguna pista da que, frente a esta pretensión, una parte creciente del feminismo esté denunciando las políticas del Ministerio de Igualdad y del Gobierno en general. Y no es un feminismo cualquiera, sino el que fue pionero en la lucha por la igualdad de la mujer y el que desarrolló las primeras leyes de protección contra la violencia de género.
El Ejecutivo acaba de aprobar una ley específica sobre la violencia contra la mujer. La ha llamado la ley del sólo es sí, un eslogan de las manifestaciones que se produjeron tras la agresión sexual de La Manada. Los efectos de esa ley, advertidos previamente por expertos y juristas, son ya conocidos: hay más de un centenar de agresores sexuales que se han beneficiado de una reducción de condena y varios de ellos han tenido que ser excarcelados.
Cuando empezó a conocerse este hecho, las responsables de Igualdad señalaron a los jueces.
Ahora, con los datos récord de violencia se género, señalan a jueces y agentes. Hasta el punto de obligar a Fernando GrandeMarlaska y a Pilar Llop a defender la labor de sus respectivos departamentos.
Sin duda que los crímenes de este mes de diciembre deben hacer reflexionar una vez más a toda la sociedad sobre un problema que, pese a todos los esfuerzos, se mantiene e incluso puede que esté creciendo. Pero quizá haya que cambiar el enfoque. Porque una cosa está clara: afrontar problemas enraizados en la sociedad exclusivamente desde la ideología no sólo no los soluciona, sino que puede empeorarlos.