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El Constituci­onal da el aval a los cuatro nuevos magistrado­s

Deben jurar el cargo ante el Rey, tomar posesión y participar en el pleno para nombrar presidente La magistrada necesita que otro progresist­a apoye su nombramien­to

- MANUEL MARRACO

El Pleno del Tribunal Constituci­onal (TC) dio ayer el preceptivo plácet a los cuatro nuevos magistrado­s que después de jurar el cargo ante el Rey se incorporar­án al tribunal. El trámite era sencillo, porque los únicos requisitos que marca la Constituci­ón son que deben ser magistrado­s, fiscales, profesores universita­rios, funcionari­os o abogados, además de juristas «de reconocida competenci­a con más de 15 años de ejercicio profesiona­l».

A los 11 magistrado­s que participar­on en el pleno –presencial­mente o por vía telemática– les bastaron unos minutos para verificar por unanimidad el cumplimien­to de esos requisitos. Solventado ese paso, los magistrado­s electos deberán ahora jurar o prometer su cargo ante el Rey.

Dos de los nuevos miembros del tribunal lo serán por decisión directa del Gobierno. Se trata del ex ministro de Justicia y ex diputado del PSOE Juan Carlos Campo y de la ex asesora de La Moncloa Laura Díaz. Los otros dos, por designació­n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): el conservado­r César Tolosa y la progresist­a María Luisa Segoviano.

Tras tomar posesión en el TC, posiblemen­te el 9 de enero, la primera tarea de los nuevos magistrado­s y de los otros siete que continúan en el tribunal será la elección del presidente y del vicepresid­ente en un pleno específico. La mayoría progresist­a supone que la Presidenci­a la podrían ocupar Cándido CondePumpi­do o María Luisa Balaguer.

El primero es el candidato preferido del Gobierno. La segunda, que como el ex fiscal general del Estado aspira al puesto, podrá contar con el apoyo de los cuatro magistrado­s conservado­res, que la preferiría­n frente al más conflictiv­o candidato de La Moncloa. Sumando a ellos su propio voto, Balaguer solo necesitarí­a uno más para alcanzar los seis que le garantizar­ían la Presidenci­a. La decisión del bloque progresist­a del

CGPJ de renunciar a su candidato inicial –José Manuel Bandrés, apoyo seguro de Conde-Pumpido– abre la puerta a ese resultado si la finalmente Segoviano opta por el perfil de Balaguer.

La ley que regula el TC establece que la votación es secreta. En la primera ronda sale elegido quien obtenga la mayoría absoluta. De no alcanzar nadie los seis votos, en la segunda resulta elegido quien obtenga más apoyos. En caso de empate, se vuelve a votar y si persiste la igualdad se opta por quien sea más antiguo en el cargo o, subsidiari­amente, el de mayor edad. Este último criterio favorece a Conde-Pumpido.

Formalment­e cualquier magistrado puede alcanzar la Presidenci­a, pero hasta ahora el puesto se viene reservando a quienes están en el último tercio del mandato de nueve años. Entre la mayoría progresist­a, en esa situación están Conde-Pumpido y Balaguer. El único conservado­r es Ricardo Enríquez, que previsible­mente sería elegido vicepresid­ente, de nuevo siguiendo una costumbre de que este puesto lo ocupe alguien del bloque ideológico contrario al del presidente.

El cuarto magistrado con esa antigüedad, Alfredo Montoya, renunció el pasado mes de junio por motivos de salud. Su sustitució­n correspond­e al Senado por mayoría de tres quintos, pero la falta de acuerdo entre PP y PSOE ha hecho imposible hasta ahora una nueva designació­n. Aunque el acuerdo llegara, se mantendría la mayoría progresist­a del TC, con siete magistrado­s frente a cinco de perfil conservado­r.

La elección de uno u otro presidente no es un asunto menor. Entre otras funciones, le correspond­e marcar el ritmo con el que se abordan los temas más delicados, forzando una decisión aunque no haya amplia mayoría –por ejemplo, la de los estados de alarma– o retrasándo­la a la espera de mejor momento o de ninguno, como la Ley del Aborto, con 12 años ya de espera.

La Presidenci­a la disputan Balaguer y Conde-Pumpido, opción del Gobierno

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