El Constitucional da el aval a los cuatro nuevos magistrados
Deben jurar el cargo ante el Rey, tomar posesión y participar en el pleno para nombrar presidente La magistrada necesita que otro progresista apoye su nombramiento
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dio ayer el preceptivo plácet a los cuatro nuevos magistrados que después de jurar el cargo ante el Rey se incorporarán al tribunal. El trámite era sencillo, porque los únicos requisitos que marca la Constitución son que deben ser magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, además de juristas «de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional».
A los 11 magistrados que participaron en el pleno –presencialmente o por vía telemática– les bastaron unos minutos para verificar por unanimidad el cumplimiento de esos requisitos. Solventado ese paso, los magistrados electos deberán ahora jurar o prometer su cargo ante el Rey.
Dos de los nuevos miembros del tribunal lo serán por decisión directa del Gobierno. Se trata del ex ministro de Justicia y ex diputado del PSOE Juan Carlos Campo y de la ex asesora de La Moncloa Laura Díaz. Los otros dos, por designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano.
Tras tomar posesión en el TC, posiblemente el 9 de enero, la primera tarea de los nuevos magistrados y de los otros siete que continúan en el tribunal será la elección del presidente y del vicepresidente en un pleno específico. La mayoría progresista supone que la Presidencia la podrían ocupar Cándido CondePumpido o María Luisa Balaguer.
El primero es el candidato preferido del Gobierno. La segunda, que como el ex fiscal general del Estado aspira al puesto, podrá contar con el apoyo de los cuatro magistrados conservadores, que la preferirían frente al más conflictivo candidato de La Moncloa. Sumando a ellos su propio voto, Balaguer solo necesitaría uno más para alcanzar los seis que le garantizarían la Presidencia. La decisión del bloque progresista del
CGPJ de renunciar a su candidato inicial –José Manuel Bandrés, apoyo seguro de Conde-Pumpido– abre la puerta a ese resultado si la finalmente Segoviano opta por el perfil de Balaguer.
La ley que regula el TC establece que la votación es secreta. En la primera ronda sale elegido quien obtenga la mayoría absoluta. De no alcanzar nadie los seis votos, en la segunda resulta elegido quien obtenga más apoyos. En caso de empate, se vuelve a votar y si persiste la igualdad se opta por quien sea más antiguo en el cargo o, subsidiariamente, el de mayor edad. Este último criterio favorece a Conde-Pumpido.
Formalmente cualquier magistrado puede alcanzar la Presidencia, pero hasta ahora el puesto se viene reservando a quienes están en el último tercio del mandato de nueve años. Entre la mayoría progresista, en esa situación están Conde-Pumpido y Balaguer. El único conservador es Ricardo Enríquez, que previsiblemente sería elegido vicepresidente, de nuevo siguiendo una costumbre de que este puesto lo ocupe alguien del bloque ideológico contrario al del presidente.
El cuarto magistrado con esa antigüedad, Alfredo Montoya, renunció el pasado mes de junio por motivos de salud. Su sustitución corresponde al Senado por mayoría de tres quintos, pero la falta de acuerdo entre PP y PSOE ha hecho imposible hasta ahora una nueva designación. Aunque el acuerdo llegara, se mantendría la mayoría progresista del TC, con siete magistrados frente a cinco de perfil conservador.
La elección de uno u otro presidente no es un asunto menor. Entre otras funciones, le corresponde marcar el ritmo con el que se abordan los temas más delicados, forzando una decisión aunque no haya amplia mayoría –por ejemplo, la de los estados de alarma– o retrasándola a la espera de mejor momento o de ninguno, como la Ley del Aborto, con 12 años ya de espera.
La Presidencia la disputan Balaguer y Conde-Pumpido, opción del Gobierno