Primera entrada en prisión por el ‘caso ERE’
La ex consejera Carmen Martínez Aguayo ingresa para cumplir seis años de cárcel
La que fuera consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo está ya en prisión para cumplir la pena de seis años de cárcel a la que fue condenada por su participación en el saqueo de los ERE, según sentenció la Audiencia de Sevilla. Es la primera de los siete ex altos cargos de la Junta que tendrán que ingresar en prisión por esta causa.
Según han confirmado fuentes Penitenciarias a EL MUNDO, Martínez Aguayo se personó para cumplir su condena el miércoles, 28 de diciembre, sin llegar a agotar los 10 días de plazo que le había dado la Audiencia de Sevilla a todos los que están en su misma situación, incluido el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.
Carmen Martínez Aguayo era la número dos de José Antonio Griñán en la Consejería de Hacienda y le sustituyó al frente de la misma, en 2009, cuando éste fue nombrado presidente de la Junta tras la dimisión de Manuel Chaves, que se incorporó entonces al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como ministro de Política Territorial.
Médico de profesión, Martínez Aguayo entró en política desde la gestión sanitaria, primero como directora general del antiguo Insalud (1994-1996) y después como gerente del Servicio Andaluz de Salud (19962000). Desde 2004 a 2009 fue la número dos de la Consejería de Hacienda siendo titular José Antonio Griñán, que siempre la consideró una fiel colaboradora.
autonómicas y municipales de mayo de 2023, respondió que a «algunos les interesa estar aireando todas estas materias justamente para perseguir ese objetivo», en alusión al PP, que ayer insistía en la Comunidad Valenciana en la apertura de una comisión de investigación en las Cortes.
Montero no fue la única que ayer salió en defensa de Ximo Puig. Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, señaló en Calatayud (Zaragoza) sobre al caso Azud que «la única información» la
De hecho, Martínez Aguayo sostuvo durante la investigación que Griñán nunca recibió los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía de las irregularidades detectadas en el procedimiento y el pago de las ayudas fraudulentas. Esos escritos iban dirigidos a la Consejería pero la que fue mano derecha de Griñán mantuvo ante el tribunal que nunca se los hizo llegar a su superior. «Nunca se nos requirió para nada que tuviera que ser transmitido o elevado al consejero», afirmó durante el juicio.
Su intento de exonerar a Griñán de las graves irregularidades que ocurrían bajo su responsabilidad resultó infructuoso, pues la sentencia de la Audiencia de Sevilla considera probado que tanto Griñán como el ex presidente Manuel Chaves conocieron y consintieron el fraude que permitió un desvío de 679 millones de euros de fondos públicos durante una década.
Con su ingreso en prisión, adelantado ayer por el diario Abc, Martínez Aguayo cumple con lo dictado por la Audiencia de Sevilla, que, dado que la sentencia es firme, denegó un posible aplazamiento de su ejecución mientras se tramitan los indultos que las defensas han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez, o en tanto se resuelve el incidente de nulidad planteado, en algunos casos, ante el Tribunal Supremo.
Griñán dispone del mismo plazo que Martínez Aguayo para ingresar en prisión, si bien el ex presidente de la Junta ha vuelto a solicitar un
de que dispone es que «es un caso en instrucción», según informa Javier Ortega.
En declaraciones a los medios, añadió: «Puedo asegurar que frente a cualquier posible caso de corrupción, el PSOE siempre ha demostrado una contundencia absoluta y así vamos a seguir siendo».
Los investigadores han puesto también el foco en una reunión de Cataluña y el empresario Enrique Gimeno en 2019 con la actual dirección de la Agencia Tributaria aplazamiento de la ejecución de la sentencia para tratarse del cáncer de próstata que sufre, según el escrito presentado ante la Audiencia de Sevilla el 23 de diciembre.
A raíz de esa nueva demanda, la Audiencia ordenó que un médico forense examine la situación del ex presidente de la Junta con el objeto de evaluar si el ingreso en prisión puede ser incompatible con el tratamiento que necesita. A tales efectos, el Instituto de Medicina Legal tendrá que revisar toda la documentación presentada por el letrado de Griñán y pronunciarse lo antes posible. Pero, si el informe de conclusiones no llega antes del 1 de enero, el tribunal tendrá que volver
Valenciana, dependiente del Gobierno valenciano. Según la juez, acredita el intento de Cataluña de «obtener favores» del actual Consell. Sin embargo, el presidente valenciano subrayó ayer la «normalidad» de este tipo de citas con «empresarios a resolver si mantiene el plazo dado o lo amplía a la espera de conocer el dictamen del forense.
Previamente a conocerse el cáncer de Griñán, la Audiencia había decidido aplazar el ingreso en prisión del ex viceconsejero Agustín Barberá, a la espera igualmente de un informe forense sobre su situación de salud, tras alegar que padece una enfermedad grave.
Junto a Martínez Aguayo y Griñán, también deberán ingresar en prisión el ex consejero José Antonio Viera, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez y el ex director general de la Agencia Idea, Miguel Ángel Serrano, con penas todos ellos de seis años de cárcel. Un año
que tienen absoluta vinculación con el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana».
«Tener una reunión con un empresario no es corrupción sino todo lo contrario», dijo. Es «intentar atender las relaciones normales entre la institución y las empresas, siempre desde la honradez». El presidente, además, insistió en la idea que viene repitiendo en los últimos días: «No hay nadie más que esté directamente señalado ni investigado que esté en un cargo en estos momentos», precisó el jefe del Consell, que reclamó por tanto más, siete en total, deberán cumplir también los ex consejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo.
No entrará en prisión el que fuera director general de Empleo Juan Márquez, dado que el Supremo rebajó de siete a tres años su pena y, posteriormente, la Audiencia decidió aceptar la suspensión de la ejecución de la condena que había solicitado su defensa.
Otros ex altos cargos como el ex presidente Manuel Chaves o los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez no fueron condenados a prisión (porque en su caso no hubo malversación) pero sí a inhabilitación de entre 8 y 9 años, por un delito de prevaricación.
Intentó exonerar de toda responsabilidad a Griñán durante su declaración
Montero: «Las personas imputadas no son ya miembros del partido»
«máxima prudencia» y reiteró desconocer quién es el «jefe» de Azud.
Quien se puso ayer de perfil fue su socio de gobierno, Compromís, que evitó poner la mano en el fuego por el PSOE. «Si ha pasado y si hay tentáculos que llegan hasta aquí, que quien lo ha hecho, que lo pague», afirmó la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas. En todo caso, pidió esperar a que la Justicia acabe su trabajo porque en este caso no disponen de toda la información. «Pero tolerancia cero con la corrupción, sea del partido que sea», zanjó.