Un BOE para frenar a las regiones ‘populares’
El Gobierno reconoce que el objetivo del impuesto a los ricos es neutralizar las rebajas de Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia
El nuevo gravamen a las grandes fortunas, el denominado impuesto a los ricos, tiene una finalidad «armonizadora» y está especialmente dirigido a las comunidades que bonifican Patrimonio, esto es, a las comunidades en las que gobierna el Partido Popular.
El Gobierno lo reconoce así en el propio Boletín Oficial del Estado (BOE), documento en el que no deja dudas de cuál es su objetivo: «Disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto».
Estas regiones son la Comunidad de Madrid y Andalucía, que
Millones de euros. Es lo que el Gobierno estima que cada año recaudará con los nuevos impuestos a la banca y eléctricas.
Andalucía, quedan plasmados ahora en el propio BOE.
Estas regiones, a su vez, ya han denunciado la «armonización encubierta» que supone la nueva figura, aunque a la luz de lo reflejado en el Boletín Oficial del Estado el término «encubierto» ya no es necesario. Y desde Fedea adelantaban en noviembre que «el nuevo tributo limita por la puerta de atrás la capacidad de las comunidades autónomas de modular la fiscalidad sobre el patrimonio que les confiere la normativa vigente, lo que podría ser motivo de inconstitucionalidad, o de nulidad por invasión de competencias».
«Además de recurrir el impuesto, algunas comunidades podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales. Se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie», advirtió Ángel de la Fuente, máximo responsable la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Volviendo a lo recogido en el BOE, el Gobierno apunta que la nueva figura también busca «exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas».
El impuesto, asimismo, será deducible de Patrimonio, medida con la que Hacienda trata de evitar una posible doble tributación que sería ilegal. «Su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devengue dicho impuesto», prosigue el texto, aunque el Gobierno se guarda una «cláusula de revisión» para poder convertirlo en permanente.
Esta figura ya está en vigor, tal y como se recoge en el BOE, al igual que lo están los también nuevos impuestos sobre la banca y las eléctricas. Todos ellos, junto al también
El Ejecutivo justifica que los beneficios de la banca ascieden a 26.000 millones
El dato procede de un informe de Morgan Stanley en el que se apoya Hacienda
nuevo impuesto a los plásticos, suponen una importante batería de modificaciones fiscales que, si bien no son la gran reforma que ambicionaba Montero y que la guerra de Ucrania frustró cuando ya tenía incluso las recomendaciones de su grupo de expertos, sí representa un primer paso importante.
En el caso concreto de la figura sobre los bancos, el Gobierno justifica su creación aludiendo a los buenos resultados que están obteniendo. «En el sector de las entidades de crédito, la CNMV ha publicado que los cinco grupos del sector que forman parte del Ibex 35 consiguieron casi 20.000 millones de beneficios en 2021», señala el BOE, para a continuación citar, llamativamente, a un estudio Morgan Stanley: «Con anterioridad al anuncio de subida de tipos del Banco Central Europeo, calcula en 26.000 millones los beneficios de los grandes grupos del sector en 2023».
El impuesto a la banca y a las eléctricas, reafirma el Boletín Oficial, presentan unas «expectativas recaudatorias anuales de 2.000 millones y 1.500 millones, respectiva