La CNMC pide más medios ante la lluvia de encargos
Calviño lanza a Competencia contra bancos y empresas sin consultarle antes
mente, para el sector energético y para las entidades de crédito» a pesar de que el Banco de España ya ha dicho que el primero se quedarán en la mitad. En cualquier caso, en opinión del Gobierno «no parece» que estas cifras «supongan un importe desproporcionado si se consideran los beneficios pasados o estimados para los próximos años y dividendos distribuidos a los accionistas».
La cruzada del Gobierno contra grandes empresas y bancos del país desborda a una institución del Estado clave: la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, atribuye a la CNMC un nuevo papel de guardián específico de que bancos, energéticas y supermercados asuman las medidas que les impone sin repercutirlas al consumidor, pero el organismo no ha sido consultado por el Ejecutivo y tiene que analizar primero cómo ejecutarlo pese a que los decretos ya han entrado en vigor. «Estamos estudiando las implicaciones de las nuevas atribuciones que nos asignan para solicitar los medios necesarios», responde un portavoz de la CNMC a este diario ante la pregunta de cómo van a implementar el encargo gubernamental tanto en el decreto sobre el nuevo impuesto a la banca y energéticas como en el de bajada de los alimentos.
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha reclamado reiteradamente más recursos ya que cuenta con una plantilla de 500 personas, prácticamente la misma que hace una década. Su papel ya es clave para la economía española en una etapa en la que hay que combatir los cárteles y pactos ilegales de precios para bajar la inflación, pero ahora se encuentra con nuevos encargos de particular complejidad. Por un lado, según el Decreto Ley «para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito», ambos sectores deberán evitar repercutir al cliente estos nuevos impuestos.
Encarga a la CNMC que los vigile y establece además que «se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido» al que lo traslade al consumidor. Introduce así a la CNMC en tan delicada tarea en un sector como el financiero, cuyo supervisor es el Banco de España.
Por su parte, la institución que dirige Pablo Hernández de Cos tiene orientaciones contradictorias: por un lado, el decreto; pero, por otro, que el Banco Central Europeo espera que las entidades de crédito sí repercutan el impuesto en los precios de las comisiones siguiendo las instrucciones habituales de solvencia en el sector. El BCE pidió específicamente a Calviño que aclarara el papel de la CNMC en este decreto ante la dificultad de calibrar si determinada subida de una comisión bancaria responde al impuesto o a otro aumento de costes, pero el texto no lo aclara. Una dificultad similar presenta el nuevo impuesto a las energéticas. La CNMC pidió al Gobierno que le consultara sobre estos nuevos impuestos durante su tramitación palamentaria, tal y como publicó este diario el pasado 29 de septiembre, pero no lo hizo.
Llega ahora otro decreto, publicado también en el Boletín Oficial del Estado en la siempre llamativa fecha de 28 de diciembre, en el que Calviño encarga una nueva tarea, vigilar que los supermercados repercuten al consumidor la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos. Por un lado, menciona el papel de la CNMC en «verificar la efectividad de esta medida» y, por otro, asegura que habrá «un sistema de seguimiento de la evolución de precios». La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado la creación de un «observatorio».
Lo que no aparece en este decreto, en notable diferencia del de banca y energéticas, es un régimen sancionador. Para los supermercados no existe, pese a que la vicepresidenta primera sí declaró a TVE este miércoles que habría sanciones para los que no repercutieran la rebaja fiscal al cliente. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos no respondió al cierre
Los decretos prevén sanciones a bancos y energéticas pero no para los ‘súper’
Las grandes cadenas aseguran que aplicarán la rebaja fiscal el día 1
de esta edición a la pregunta de este diario de a qué sanciones se refería la vicepresidenta si no existen en el decreto.
En todo caso, en las asociaciones de empresas de distribución aseguran que, pese a la escasa antelación con que se les imponen las nuevas medidas, podrán aplicarlas ya desde el 1 de enero, este próximo domingo.
«La distribución ha demostrado en los últimos años un comportamiento absolutamente responsable y ahora lo volverá a demostrar. Esta es una medida en la buena dirección», afirma Ignacio García Magarzo, director general de la asociación Asedas, que agrupa a Mercadona, entre otros. Un portavoz de Anged –que tiene a Carrefour o El Corte Inglés entre sus asociados– afirma también tendrán los sistemas listos para el domingo de modo que se aplique ya la rebaja del IVA para los productos de primera necesidad y pasta y aceite previstos.