Batalla al saqueo de tesoros en el golfo de Cádiz
El centenar de valiosos pecios de la zona obliga a las Administraciones a luchar contra los intentos de expolio
Lo del Louisa es justicia poética. Está cerca de convertirse en uno de esos barcos hundidos cuya tripulación quería expoliar en el golfo de Cádiz. Oxidado y escorado, lleva ya 12 años amarrado en la desembocadura del Guadalete, en El Puerto. Su destino final se dirimirá en noviembre en el juicio a la red internacional de saqueadores que cayeron en la Operación Bahía. Para entonces, el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz espera haber terminado de documentar todas las coordenadas de restos bajo el mar que consiguió en febrero tras otra operación policial, conocida como Versos. En la costa española con mayor concentración de pecios valiosos, es imposible bajar la guardia.
Ambas operaciones, separadas 12 años, son solo dos hitos de la lucha que las Administraciones libran contra el robo del patrimonio subacuático en el golfo de Cádiz. Aquí el saqueo existe ya desde mucho antes de que apareciesen siquiera las armas para combatirlo. La zona es el mayor polo de atracción de España para expoliadores nacionales y extranjeros, dada la alta concentración de pecios debido al hundimiento de barcos —en su mayoría procedentes de América— cargados de materiales preciosos como oro, plata o piedras preciosas entre los siglos XVI y XX. De los 187 buques que Andalucía tiene documentados bajo el mar, 95 se concentran en las costas gaditanas.
Pero el problema radica en el perfil del nuevo saqueador. “La presencia de buceadores de la zona se ha convertido en el negocio de grandes cazatesoros con tecnología punta. Ha disminuido el expolio local y ha aumentado el de mayor escala”, resume Carmen García Rivera, jefa del Centro de Arqueología Subacuática (CAS), dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Tradicionalmente, el grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba acostumbrado a ver tres tipos de sospechosos en el mar: “Los buceadores y pescadores aficionados, los que están más profesionalizados y las grandes empresas con una capacidad más grande que un Estado”, cita Juan José Águila, jefe de dicho grupo.
La tecnología está haciendo que estos subgrupos se mezclen y tomen ventaja. “Cada día los medios son más sofisticados”, apunta Águila.
Además de las 200 piezas arqueológicas recuperadas, los tres detenidos en la Operación Versos precisaron una serie de puntos —algunos hasta entonces desconocidos— donde se habían localizado naufragios a la espera de ser saqueados. Los arrestados, gaditanos, conocían la ubicación gracias a su experiencia en el fondo del mar y un despliegue tecnológico poco común: un vehículo remoto
“Los medios son cada día más sofisticados”, indica un mando policial
“Se enmascaran con investigaciones científicas”, señala una especialista
sumergible y un magnetómetro con el que detectaban las piezas de metal. Pudieron expoliar sin levantar sospechas gracias a que tenían una licencia legal para la extracción de coral rojo.
Con variaciones, García ya conoce este modus operandi, es parecido al que emplean los grandes cazatesoros para saquear en las 12 millas náuticas sobre las que España tiene jurisdicción: “Enmascaran sus actos con investigaciones científicas”. Además, recurren a historiadores y al Archivo de Indias de Sevilla para descubrir la carga y la ubicación de los barcos hundidos. A eso suman una potente y costosa tecnología, financiada por sociedades creadas ex profeso para un expolio concreto. “Hemos llegado a descubrir empresas que usan tecnología militar para lanzar barridos de sonda”, reconoce Águila.
Frente a ello, los medios de las Administraciones son limitados. El último avance ha sido el empleo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) con el que la Guardia Civil controla el narcotráfico y la llegada de pateras en el Estrecho. Aún así la extensión a controlar es demasiado amplia, como reconoce la jefa del CAS: “La fisura más grande es la vigilancia de los yacimientos”. Águila añade: “Si ya es complicado en tierra, aún lo es más en el patrimonio subacuático”.
La ley tampoco permite vacilaciones en la investigación. La mera presencia de un buque sospechoso no es suficiente para frenar un expolio. “Hasta que no cometa el delito no puedes molestar a un juez. Tienes que estar muy seguro”, resume el guardia civil. A eso se suma que luego se pueda demostrar que ha cometido un delito reconocido en el Código Penal, según Carmen Rivera: “Cuando hay destrucción del yacimiento sí podría ir por lo penal, sino es un ilícito administrativo”.