Jimmy Morales quiere cerrar una institución justa
El Gobierno guatemalteco se enfrenta a la ONU y a otros poderes del país para clausurar la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción
Habilidoso con la pierna derecha, el hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aspiraba a ocupar algún día la banda del Real Madrid. Pero a sus 23 años, José Manuel Morales es más conocido por los chistes que circulan de boca en boca que por sus pases en el Bernabéu. El humor ácido local le recuerda que ha pasado toda su carrera en el banquillo. Primero en el del modesto Deportivo Petapa, penúltimo equipo clasificado de la primera división de Guatemala, y después en el de la celda gracias a la actuación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Creada en 2006, la Cicig fue un proyecto de la ONU que se puso en marcha cuando Guatemala (18 millones de habitantes), pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, secuestrado por empresarios, militares y políticos corruptos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno. Desde 2006 ha estado dirigida por combativos fiscales, como el español Carlos Castresana o el actual Iván Velásquez, colombiano.
Doce años después, el resultado ha sido impensable en un continente necesitado de buenas noticias. Una generación de jóvenes ha crecido creyendo en la justicia al ver cómo el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Rosana Baldetti entraban en la cárcel por corrupción. Otro exmandatario, Álvaro Colom, está en arresto domiciliario y decenas de militares, empresarios o magistrados de la Suprema Corte han sido investigados por financiación ilegal o vínculos con el crimen organizado.
Durante los últimos cinco años de trabajo de la Cicig, 60 grupos criminales, muchos de ellos vinculados al Gobierno, han sido desarticulados y 680 personas, procesadas por corrupción. “Hasta los grandes empresarios, que hasta ahora parecían intocables, han terminado confesado sus sobornos”, señala el Defensor del Pueblo, Jordán Rodas.
“No estamos preparados para vivir sin la Cicig. Guatemala es un Estado muy débil en medio de un huracán. Guatemala es el país que más migrantes expulsa, por aquí pasa el 80% de la droga que va a Estados Unidos y hay un intenso trasiego de migrantes ilegales y pandillas. Toda la miscelánea delictiva pasa por Guatemala y hay un débil Estado de derecho, acosado por mafias muy poderosas”, dice Manfredo Marroquín, director de Transparencia Internacional. “La Cicig abrió una ventana a la esperanza y nos hizo creer que nadie es intocable. Que no estamos condenados a vivir siempre en una pocilga”, añade Marroquín.
Morales insistió esta semana ante la Asamblea General de la ONU que no dejará entrar al país al jefe de la misión y que en 2019 se pondrá fin a una Comisión que “excede en sus funciones y es una amenaza para la paz en el país”. Las últimas encuestas revelan que un 70% de los guatemaltecos aprueba el trabajo de la Comisión frente al 15% que respalda a Morales, su nivel más bajo desde que llegó al poder hace más de dos años.
Para el periodista Juan Luis Font, la Cicig ha cambiado el rostro del país. Aunque critica algunos excesos de Velásquez, como la espectacularidad de las detenciones, el abuso de la prisión preventiva o el excesivo castigo que recibió el hijo del presidente, considera que su trabajo ha sido “trascendental” para desmontar las mafias que controlan el país.
El 70% de los ciudadanos respalda el trabajo del organismo
Canalizar la rabia
680 personas han sido procesadas en sus cinco años de trabajo
Gran parte del éxito de la Cicig radica en haber creado una nueva generación de juristas dispuestos a enfrentarse al poder. Toda una novedad en América Latina, donde la justicia es una de las instituciones menos respetadas por la población. “La Cicig canalizó la rabia de la población ante tanta corrupción”, añade Font.
En 2017 el joven futbolista y su tío Sammy Morales, hermano del presidente, fueron declarados culpables por un fraude de compraventa de facturas, por lo que pasaron tres meses encarcelados. Para un presidente evangélico, orgulloso de la “familia tradicional”, aquello fue el punto de inflexión de un padre harto de las humillaciones de la Comisión encabezada por un fiscal “extranjero y comunista”, como define su entorno al colombiano Velásquez.
Aunque la Corte Constitucional ha exigido su regreso al país, Morales ha desobedecido la orden y se niega a permitir su entrada, lo que supone “un golpe de Estado técnico”, según la ex fiscal general Thelma Aldana.
Pero la crisis guatemalteca también se juega en el tablero internacional. Según los analistas consultados, cuando la Nochebuena de 2017 Jimmy Morales anunció que Guatemala se unía a EE UU y trasladaría su Embajada a Jerusalén estaba preparando la demolición de la Cicig. Guatemala se convirtió en el único país latinoamericano en trasladar su sede diplomática —tras la marcha atrás de Paraguay— y con esa jugada Morales se acercó a Israel y se ganó la simpatía del lobby judío, que le permitió extender por los despachos de Washington la idea de que la Cicig es una máquina de “aterrorizar” a las élites. De hecho, Estados Unidos, mostró un tibio apoyo al pedir la continuidad de una Comisión “renovada”.
La posibilidad de que deje el país en 2019 la única institución en la que confían, proyecta una sensación de orfandad en uno de los países más pobres y desiguales del continente, donde la mitad de los niños no desarrolla plenamente el cerebro por hambre y un puñado de apellidos se reparte el PIB del país desde la colonia.