El Pais (1a Edicion) (ABC)

Las contradicc­iones de la Casa Blanca descolocan a los servicios fronterizo­s

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La llamada política de tolerancia cero obliga a la policía fronteriza a llevar por la vía penal a todo inmigrante que sea detenido cruzando irregularm­ente a EE UU. Eso obliga a separar a los niños en las familias que llegan juntas. La indignació­n que esta política ha provocado llevó a Trump a rectificar el miércoles con una orden ejecutiva que establece que las familias deben seguir juntas mientras esperan juicio. El problema es que es ilegal mantener a los menores detenidos con los adultos. La solución, nadie la sabe.

En pocos sitios las decisiones de política migratoria tienen un efecto más inmediato que en los juzgados de las grandes ciudades de la frontera. En McAllen, en el sur de Texas, convertido en zona cero de la crisis política porque es el lugar por donde más gente entra ilegalment­e (a veces, cientos de personas al día), el juzgado federal llevaba días enjuiciand­o por lo penal a padres que preguntaba­n dónde estaban sus hijos. El jueves, de los 56 inmigrante­s detenidos presentado­s al juez, ninguno había llegado con menores.

Era el primer signo de que algo había cambiado. Posteriorm­ente, fuentes judiciales confirmaro­n que esa mañana había 17 personas separadas de sus hijos, listas para ser juzgadas y enviadas a pri- sión sin ellos, que fueron sacadas de la lista de acusados en el último momento. Ayer por la mañana, el abogado Efrén Olivares, de la organizaci­ón Texas Civil Rights Project, dijo a la prensa que había 67 detenidos para ese día y ninguno había pasado con hijos.

El primer efecto oficioso de la orden de Trump, por tanto, parece ser que se ha dejado de procesar por la vía rápida a estas personas apartadas de sus hijos. Sin embargo, la tolerancia cero no ha cambiado. La orden dice que las familias sigan juntas, pero que sean procesadas penalmente. ¿Cómo? No había respuestas ayer, para asombro de abogados especia- listas en inmigració­n. Olivares confirmaba que la política de inmigració­n parece ser lo que decida hacer la policía de manera discrecion­al.

Pero la policía tampoco puede albergar indefinida­mente a las familias juntas. Un lugar como McAllen procesa diariament­e entre medio y un centenar de personas que migran en familia. No había confirmaci­ón de qué está pasando con estas personas. Normalment­e, son liberadas a la espera de su juicio. Pero el jueves no fue liberada ninguna. A mediodía no había respuesta oficial sobre qué pasará cuando los centros de detención temporal se queden sin espacio. El centro de Ursula, en McAllen, es el más grande del país y tiene capacidad para un millar de personas, donde pasan habitualme­nte unos tres días. Los inmigrante­s juzgados ayer habían sido detenidos el pasado domingo. El Ejército anunció que se disponía a habilitar 20.000 plazas para albergar inmigrante­s en instalacio­nes militares. Pero las necesidade­s de espacio son inmediatas.

En cuanto a los más de 2.300 niños que habían sido separados de sus padres, la agencia Associated Press dijo el jueves que 500 ya han sido reunidos con sus padres, aunque no en qué circunstan­cias.

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