El Supremo de EE UU limita el uso policial del localizador del móvil
La privacidad gana una batalla en el territorio digital. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló ayer a favor de que la policía necesite una orden para acceder a los datos de los teléfonos móviles que les revelan la ubicación de un sospechoso. El fallo aclara que se podrán hacer excepciones en caso de que el individuo esté huyendo o ponga en riesgo a otros. La sentencia, aprobada por cinco votos a favor frente a cuatro en contra, da la victoria a los jueces más progresistas y sienta cátedra sobre el debate entre la privacidad y la seguridad en la era tecnológica.
El debate se centró en si la geolocalización estaba protegida por el derecho a la privacidad amparado por la Constitución, y si, por tanto, la policía debía cumplir con ese paso formal para pedir los datos. Con el fallo a favor de restringir el acceso al mar de información personal que circula en Internet, el alto tribunal revierte una decisión de un tribunal inferior. Este había concluido que la policía no necesitaba una orden judicial para pedir a las compañías de telefonía el historial del localizador de un aparato concreto propiedad de un acusado o sospechoso.
El debate se originó a raíz del caso de Timothy Carpenter, detenido en abril de 2011 por encabezar una banda criminal que robó a mano armada hasta ocho tiendas de teléfonos en Detroit. Carpenter, conocido como el pequeño Tim, fue condenado a 116 años de prisión al ser considerado el cerebro de la operación. Resultó clave en su juicio que la Fiscalía pidiera a las operadoras datos de su móvil. Estos datos permitieron conocer la ubicación del sospechoso durante 127 días y determinar que se encontraba cerca de las tiendas atracadas. Pero fueron más allá. Las autoridades lograron conocer la ubicación de Carpenter en 12.898 ocasiones gracias a su teléfono. Sus abogados alegaron que el Gobierno violó los derechos de su cliente que consagra la Cuarta Enmienda, que establece que todas las pesquisas deben ser razonables.
La Fiscalía, amparada en una ley de 1986, respondió en su momento que había “motivos razonables para creer que los registros buscados son relevantes para una investigación criminal en curso”. Pero el juez dio la razón a Carpenter y se opuso a proporcionar al Estado “el acceso ilimitado a los datos de localización física de los proveedores de servicio telefónico”.