El Ejecutivo defiende al Rey y tiende la mano al ‘president’
“Si la Generalitat desea no invitar al Rey será un problema, no para el Rey, que no sentirá por ello ningún menoscabo, sino que el problema será para Cataluña porque pondrá en evidencia que la Generalitat no representa a la totalidad de Cataluña”. Esta conclusión de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, marca la línea argumental del Ejecutivo central para afrontar la delicada situación en la que el Govern quiere colocar al jefe del Estado.
La incomodidad que ayer se vivió en Cataluña ante la actitud distante y beligerante del president Torra con Felipe VI fue respondida por el Gobierno de Sánchez con una defensa cerrada del Monarca, pero también con el mantenimiento de la oferta de diálogo, en un intento de “nor- malizar” la situación a toda costa. El Gobierno central trata de no dar alas al independentismo para impedir que amplíe aún más su discurso de agravios. Si Torra decide mantener una estrategia de ataques a Felipe VI, el Ejecutivo socialista le reprochará que esa actitud ofende a muchos catalanes.
El Gobierno mantiene que el jefe del Estado no ofendió a los catalanes con su discurso del 3 de octubre, tras el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, sino que “cumplió con su obligación, además de con sus obligaciones constitucionales”, afirmó ayer la ministra de Educación y portavoz del Gobierno.
Ese discurso de Felipe VI, antes de que el Gobierno de la nación hubiera comparecido, fue duro con los políticos catalanes que promovían el incumplimiento de la legalidad. Tras el mismo, los independentistas le reprocharon que no hubiera tenido palabras de cercanía hacia quienes en aquella jornada del 1 de octubre sufrieron actos de violencia, en referencia a la actuación de la policía y la Guardia Civil. El Gobierno, sin embargo, nada tiene que reprochar al Monarca. “El Rey cumplió con su obligación”, respondió ayer la ministra portavoz respecto a ese discurso. Los socialistas mantienen la posición de defensa de la legalidad constitucional en Cataluña ya estén en la oposición o en el poder, recalcan fuentes gubernamentales. Teresa Cunillera tomó posesión ayer del cargo de delegada del Gobierno en Cataluña con una reiterada llamada a la lealtad institucional y a iniciar una nueva etapa política tras lo que definió como “tiempos realmente convulsos”. “Es necesario que miremos hacia el futuro con la voluntad de no reincidir en escenarios de división y desconfianza”, dijo en referencia a las consecuencias del proceso independentista. En esa línea, Cunillera anunció su intención de reunirse con el Govern, con el presidente del Parlament y con todos los ministros del Gabinete de Pedro Sánchez. Su objetivo es lograr lo que, a su juicio, una gran mayoría pide: “Llegar a grandes acuerdos” que beneficien al conjunto de los ciudadanos. La delegada reclamó que los gobernantes sirvan “al conjunto del país y no solo a una parte”, y pidió a todos los servidores públicos que hagan un “uso consciente y ético” del poder con rigor, transparencia y virtud. Cunillera insistió en que la elección de Pedro Sánchez como presidente abre “una ventana de oportunidad para establecer un nuevo marco de diálogo” que se ha de aprovechar, “especialmente en el contexto catalán”. A la toma de posesión no asistió ningún miembro del Govern.
Y ya desde el Gobierno —como también anunció el anterior presidente, Mariano Rajoy—, Sánchez va a emprender un diálogo con el nuevo presidente catalán, sin predeterminar el resultado ni poner condiciones.
Esta es la posición del Ejecutivo ante la cita en La Moncloa el próximo 9 de julio entre los presidentes español y catalán. La tensa situación de ayer en Tarragona no impedirá que la cita siga adelante. “El Estado es la parte más fuerte, por eso debe tender la mano”, explicó la portavoz. “La fase de denuncia ya la hicimos. Ahora toca iniciar la cura, el tratamiento, por eso vamos a continuar y a mantener ese tono de diálogo”, señaló Celaá.
Aunque aún quedan días para la celebración del encuentro bilateral, sus prolegómenos no han sido pacíficos. El hecho de que el presidente catalán sea recibido después de que se celebre una primera entrevista con el presidente del Gobierno vasco enojó a Torra que, o bien quería ser el primero o que no se le incluyera en la ronda con los demás presidentes autonómicos. Las reuniones se celebrarán en riguroso orden de antigüedad de los Estatutos de autonomía. El primero fue el del País Vasco; el segundo, Cataluña, seguido del de Galicia y el de Andalucía.