El Gobierno quiere personarse en procesos por violencia sexual
El Gobierno ha acogido con gran malestar la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual. El Ejecutivo manifestó ayer su disconformidad con la decisión judicial desde el respeto a la justicia pero enfatizando su “sorpresa” por su puesta en libertad toda vez que “los hechos condenados son gravísimos”, incidió la ministra portavoz, Isabel Celaá. El Gobierno quiere reforzar la protección de las mujeres ante la violencia sexual y por eso estudia personarse en los procesos por este tipo de delitos en defensa de las víctimas.
“El Gobierno ha tomado el compromiso de estudiar que el Servicio Jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas”, anunció ayer la portavoz del Ejecutivo en comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales precisaron después que esa personación no será ya posible en el caso de La Manada porque está en fase de recurso, pero que se intentará para casos futuros. El Gobierno de Navarra ya está personado en el caso de La Manada.
La protección de las mujeres se quiere completar con dos actuaciones más: la formación de los jueces y magistrados en violencia de género y violencia sexual (el PSOE ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley con ese objetivo) y una reforma del Código Penal para clarificar el tipo penal de violación, que el Ejecutivo está analizando.
“El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación de España y de las mujeres en particular a las que vamos a proteger”, comprometió Celaá. “Ella dijo no”, subrayó. consultados, de que el Gobierno se replantee un cambio legal para endurecer la tipificación de estos delitos, una posibilidad que está valorando el Ejecutivo. La presidenta de los abogados españoles lo cree necesario. “El concepto de violencia que se recoge en el Código Penal para los delitos de naturaleza sexual es absolutamente arcaico y estereotipado”, considera Ortega, que cree que también hay que “reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de perspectiva de género”.
Mercedes García Arán, catedrática de la Universidad Autónomade Barcelona, advierte sin embargo contra el peligro de alentar estos cambios de leyes en caliente. “No me gusta el auto, pero me gustan mucho menos las interpretaciones que se están haciendo en las que se dice que hay impuni- dad para los violadores”, afirma García Arán, que añade: “Están condenados a nueve años y los cumplirán cuando la sentencia sea firme. Hay que distinguir entre una medida cautelar y el cumplimiento de una condena”.
Esta catedrática cree que “posiblemente” había razones para poder prolongar la prisión provisional, pero insiste en que las discrepancias a la decisión no pueden plantearse con argumentos que se alejan de los criterios legales. “Hay que parar este discurso de que los delitos quedan impunes y que aquí no pasa nada cuando se viola a una mujer. Es peligroso. Si se quieren discutir las razones de la puesta en libertad hay que hacerlo con los argumentos de la ley, no inventándose otros”, advierte.
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