Condena al “expolio sin límite” de la depuradora de Valencia
La Sección Primera de la Audiencia de Valencia dictó, en total, penas que suman 97 años, ocho meses y ocho días por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil. El fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, impone el pago de indemnizaciones por el importe del dinero defraudado.
Los jueces consideran probado que los responsables de la planta, y a menor escala empleados y proveedores, cargaron a la sociedad la compra de joyas y otros artículos de lujo, pero también de baterías de cocina, ordenadores, ropa interior o el libro de Mario Conde Memoria de un preso. Pasaron 300.000 euros en facturas de marisquerías y asadores y otro tanto en viajes familiares al extranjero y noches en hoteles con prostitutas. Emarsa fue utilizada, además, para enchufar a decenas de personas, varias de la cuales solo iban a cobrar. Los cuatro principales directivos —Esteban Cuesta (12 años y medio de cárcel), Enrique Crespo (10 años), José Juan Morenilla (nueve años) e Ignacio Bernácer (tres años y medio)— se repartían cada mes cajas llenas de billetes. Cuesta, enfermero de profesión y último gerente de Emarsa, nombrado por la exregidora de Valencia Rita Barberá alcalde pedáneo de Benimàmet, confesó así ante el tribunal cómo fueron los siete años que pasó dirigiendo la depuradora: “Se nos fue la mano y cogimos hasta el codo”.
La Generalitat triplicó entre 2004 y 2010 los fondos que inyectaba a la empresa, dedicada a depurar las aguas residuales de Valencia y 30 municipios de su área metropolitana. A pesar de ello, la situación patrimonial de la sociedad se fue haciendo cada vez más insostenible, hasta que en 2010 se declaró en quiebra y fue liquidada. El servicio fue privatizado y adjudicado a Aguas de Valencia. El agujero de 17 millones que dejó el presunto desfalcó provocó una súbita subida del recibo del agua.
El lodo, el subproducto que genera la depuración del agua que corre por las cloacas, se convirtió para los responsables de la empresa pública en una mina de oro. La empresa pública, señalan los jueces, abonaba por el tratamiento el doble del precio real y sus directivos se repartían la diferencia.