Primera condena del Vaticano por pornografía infantil
El tribunal del Vaticano condenó ayer a cinco años de prisión y a 5.000 euros de multa al sacerdote italiano y exdiplomático de la Nunciatura de Washington, Carlo Alberto Capella, de 51 años, por posesión, cesión e intercambio de pornografía infantil. Los hechos se remontan a su época como consejero en la capital estadounidense, que comenzó en 2016. Allí, las autoridades del país —y también las de Canadá en algunos viajes del religioso— detectaron movimientos de material delictivo a través de su cuenta en la red social Tumblr e informaron al Vaticano en agosto de 2017. El mes siguiente, el promotor de justicia (fiscal) vaticano, Gian Piero Milano, inició una investigación que concluyó el pasado 7 de abril, cuando la Gendarmería Vaticana pudo comprobar que el sacerdote había intercambiado y aún conservaba “una cantidad ingente” —medio centenar— de imágenes pornográficas en su teléfono móvil, ordenador y en su cuenta de almacenamiento digital. El sacerdote, que antes había estado destinado en India, Hong Kong y en la Secretaría para las Relaciones con los Estados, se encontraba bajo arresto en el Vaticano desde abril. En el juicio, Capella se declaró culpable en la primera sesión pero pidió que se le aplicaran atenuantes por las presuntas dificultades psicológicas que atraviesa. Su abogado intentó justificar la actuación del monseñor alegando una “crisis de la mediana edad” y agregó un informe que determina que el acusado “no ha revelado tendencias a pedofilia o parafilia”, sino que sufre “problemas de tipo psicológico relativos a su fragilidad”.
Sin embargo, la fiscalía vaticana rechazó esta tesis por el hecho de que Capella había consultado en diversas ocasiones los mismos contenidos, incluso cuando ya estaba bajo investigación, puesto que la última vez que accedió a las imágenes fue en octubre de 2017. Por eso consideró que no podía hablarse de “una captación casual” de este material.
Es la primera vez que en el Vaticano se lleva a cabo un proceso por pornografía infantil. De hecho, este delito no se contemplaba en el ordenamiento penal de la Santa Sede hasta 2013, cuando lo introdujo el papa Francisco, y contempla penas para este delito de uno a cinco años de prisión. Con esta sentencia, la política de “tolerancia cero” de Francisco trata de extenderse también a los delitos informáticos.