El Pais (1a Edicion) (ABC)

CONVERSACI­ÓN GLOBAL

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Los iraníes van a contar a partir de ahora con espacios en los que aventar su malestar con la situación económica o política del país. En un intento de conjugar sus promesas de apertura social y las restrictiv­as leyes de la República Islámica, el Gobierno de Hasan Rohani acaba de aprobar la designació­n de manifestód­romos. De momento, se han anunciado una docena de lugares en Teherán, pero la medida va a extenderse al resto de Irán. Muchos sospechan que es un intento de controlar las eventuales protestas.

Las dictaduras siempre han visto con recelo las discrepanc­ias y reprimido su expresión. A pesar de su pretendida “democracia islámica”, Irán no es distinto. Aunque la Constituci­ón iraní reconoce el derecho a manifestar­se “de forma pacífica y sin armas” y siempre que no se atente contra el islam (artículo 27), en la práctica no se toleran las críticas al sistema de gobierno, es casi imposible lograr permiso y hay una larga trayectori­a de represión de las protestas no autorizada­s.

Sin embargo, la creciente presión social ante el deterioro de la situación económica puede haber llevado a otros cálculos políticos. Tras las algaradas que estallaron a finales del año pasado y principios de este, el moderado Rohani defendió el derecho de los iraníes a criticar al Gobierno y sugirió la designació­n de espacios para ello.

Entre la docena de sitios aprobados ahora hay varios estadios, incluido el famoso Azadí (Libertad), parques públicos y un área cercana al Parlamento. El periódico ultraconse­rvador Kayhan cuestionó inmediatam­ente el plan. “La tarea del Gobierno es resolver los problemas, no designar lugares de asamblea”, dice en un editorial.

El diario reformista Etemad, que publicó su localizaci­ón en portada, celebró la decisión como “un paso hacia el reconocimi­ento del derecho de la gente a manifestar­se de forma pacífica”. Algunos observador­es han expresado dudas sobre la puesta en práctica del proyecto. El diputado Ghasem Nikou, por ejemplo, señala que los manifestan­tes necesitan garantías de que no se les va a encausar por asistir a asambleas convocadas en esos lugares.

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