La transferencia de la Seguridad Social, principal escollo de la cita de Urkullu en La Moncloa

El lehendakari abre hoy en La Moncloa las entrevistas de Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos. La buena relación que el gobernante vasco y la dirección del PNV que lidera Andoni Ortuzar establecieron con el anterior presidente, Mariano Rajoy, parece que podrá repetirse con Sánchez.

El PNV ayudó a Rajoy a sacar los Presupuestos y, unos días más La alteración del escenario político a partir de la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a La Moncloa ha llenado de incógnitas el futuro de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico, un órgano del Congreso de los Diputados creado a instancias del PSOE para canalizar el debate territorial y con el conflicto catalán como telón de fondo.

Ahora los escenarios para ese debate se han diversificado. Sánchez, que logró el apoyo de los partidos independentistas catalanes para apear a Mariano Rajoy del Gobierno, está abriendo las tarde, a que el PSOE llegara al Gobierno. Ahora empieza la negociación sobre asuntos aplazados año tras año. El diálogo está abierto para todos los temas, aunque su resultado no apunta a un acuerdo fácil, según se constata en fuentes gubernamentales.

El principal escollo estará en atender la demanda de Urkullu de hacerse con la gestión de la Seguridad Social. El rechazo no se- vías de diálogo con la Generalitat de Cataluña que no se ofrecieron en la etapa anterior.

La creación del Ministerio de Política Territorial, con Meritxell Batet al frente, ha propiciado, además, la creación en el Congreso de otra comisión territorial como acomodamiento a la estructura del nuevo Gobierno, un órgano presidido por Juan Ignacio Zoido en el que la ministra comparecerá y donde se sustanciarán los debates legislativos.

Esta nueva realidad coincide con un parón desde abril de la actividad de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, que preside rá hoy definitivo, pero Sánchez tampoco contribuirá a que Urkullu albergue excesivas esperanzas. A pesar de que la transferencia de la gestión de la Seguridad Social figura en el Estatuto de Gernika aprobado hace 37 años, ningún Gobierno lo ha querido abordar. La respuesta invariable ha sido que no se puede romper la caja única de la Seguridad Social, que es el único elemento de cohesión el socialista José Enrique Serrano, por la tramitación de los Presupuestos y los problemas de calendario planteados por algunos citados a comparecer.

Sin embargo, Serrano considera que la llegada del PSOE al Gobierno “no altera el sentido de la comisión”. “Todo lo contrario. El presidente Sánchez me ha transmitido su intención de que la comisión recobre el ritmo de funcionamiento”, disipa. “Ni se disuelve, ni se ha visto sustituida ni tiene riesgo de desaparecer”, enfatiza. La comisión celebrará una reunión esta semana para despejar alguna de las dudas que se ciernen sobre su continuidad, en la que no es ajena la nueva situación del PP, convertido en partido de la oposición, radicalizado y abierto en canal para elegir un sustituto a Rajoy.

Serrano asegura que el PP no abandonará la comisión a pesar de estar en la oposición, según le ha trasladado el partido, aunque esa decisión tendrá que sujetarse al criterio del líder que surja del congreso. Sin el PP, la comisión, que está en precario tras el Sí habrá acuerdo con seguridad en el acercamiento de presos de ETA una vez disuelta la banda terrorista. Pero no todos los encarcelados están en la misma situación, y el presidente del Gobierno quiere separar el debate de los condenados de ETA por delitos de terrorismo del de los políticos independentistas catalanes que están en prisión preventiva.

“Después del anuncio de disolución de ETA y, por tanto, de reconocimiento de su derrota, por parte del Estado de derecho es evidente que la política tiene que adaptarse a una nueva realidad, pero teniendo muy en cuenta a las víctimas del terrorismo”, declaró el jefe de Gobierno en la entrevista publicada ayer en EL PAÍS. Ese sí al acercamiento de los etarras a las tres cárceles vascas no lleva consigo de manera automática la concesión de la petición del lehendakari del traspaso de la competencia penitenciaria al Gobieno vasco. El jefe de Gobierno, que ha preparado mucho la reunión con distintos interlocutores, pero, sobre todo, con los socialistas vascos que lidera, Idoia Mendia, está dispuesto a abordarlo, pero no de forma inminente.

También ofrecerá interlocución inmediata para analizar las transferencias pendientes, que el PNV cifra en 37, respecto a las que el nuevo Gobierno aún no se ha pronunciado ni ha evaluado si se ajustan a la realidad estatutaria. Lo cierto es que durante años fueron 31, pero se han añadido seis más, que van desde gestión de la inmigración al control sobre medicamentos. La última gran transferencia se realizó en octubre de 2010 cuando el entonces lehendakari, Patxi López, selló con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, el traspaso de las políticas activas de empleo.

En la anterior legislatura los contactos comenzaron en julio de 2017 entre Soraya Sáenz de Santamaría y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, pero la creciente tensión en Cataluña los hizo naufragar. Ahora, el lehendakari le pedirá a Sánchez que instituya un marco estable de diálogo que trate de poner fin a la continua litigiosidad ante el Tribunal Constitucional.

Pero Sánchez también tiene peticiones para el lehendakari: la participación del PNV en la comisión de evaluación del Estado autonómico que se creó en el Congreso, pensada como embrión para la reforma constitucional, que ahora languidece, y en la que los nacionalistas vascos nunca quisieron participar. abandono de Ciudadanos y la ausencia desde el inicio de Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, estaría condenada a desaparecer. Su presidente no es optimista respecto a que los partidos que decidieron no participar cambien de actitud en breve: “Por ahora no se van a incorporar. Me gustaría equivocarme”. La proximidad de convocatorias electorales lo complica más.

Con todo, sostiene que por su carácter no legislativo y de órgano de estudio y valoración sigue siendo el escenario adecuado para abordar los problemas territoriales de España. “El Gobierno no puede modificar el modelo territorial. Eso lo tiene que hacer el Parlamento. Por eso se creó esta comisión”, defiende, “para procurar un acuerdo independiente del Gobierno”.

La comisión, que nació sin límite de tiempo pero con la mirada puesta en este mes de junio, tendrá que prolongar su actividad “como mínimo hasta fin de año”, apunta Serrano, por el gran número de comparecencias pendientes.