“La existencia de la caja b del PP es una conclusión unánime del tribunal”

En la única entrevista concedida por José Ricardo de Prada Solaesa (Madrid, 1957) desde que se hizo pública la primera sentencia del caso Gürtel, este magistrado, uno de los dos que formaron la mayoría de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la resolución —que declaró al Partido Popular responsable a título lucrativo de una extensa y profunda trama de corrupción política e institucional a través de su relación con el Grupo Correa—, habla sobre su impacto político.

Como adalid de la justicia universal, De Prada fue uno de los magistrados que intervino en el caso Pinochet, declaró competente a España para perseguir delitos de lesa humanidad como genocidio o tortura en Chile y fue el ponente de la sentencia del militar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel por un delito de lesa humanidad durante la dictadura. Ha formado parte de la sala de apelaciones de crímenes de guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo (2005-2008) y en estos momentos se encuentra en La Haya. Forma parte del tribunal que decidirá sobre la apelación contra la sentencia que condenó a Radovan Karadzic por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pregunta. ¿Usted se imaginaba que esta sentencia del caso Gürtel originaría un vuelco político como el producido?

Respuesta. Por supuesto que no. El tribunal era plenamente consciente de la gravedad de las conclusiones a las que se llegaba en la sentencia, que afectaban de lleno al partido político que estaba en el Gobierno, pero estas son el resultado de un trabajo muy serio y riguroso, de muchos años de investigación policial, de una instrucción judicial realizada por jueces y fiscales muy competentes y de casi un año y medio de juicio con centenares de pruebas realizadas y seis meses de deliberaciones y arduo trabajo. Es verdad que el resultado social y político producido es tremendo, pero va mucho más allá de la sentencia. Corresponde al juego duro de la política por el poder, y ni el tribunal que ha dictado la sentencia ni la sentencia misma tienen nada que ver.

P. Me imagino que no fue fácil llegar a dictar esa resolución.

R. No lo fue en absoluto y no solo por las dificultades técnicas. En el asunto Gürtel ha habido siempre muchos obstáculos. P. ¿A qué se refiere? R. Aunque la justicia como institución pueda aparentar ser relativamente fuerte, los tribunales, y sobre todo los jueces, somos frágiles y vulnerables. Es muy fácil afectar a su buen funcionamiento. El caso Gürtel no ha quedado fuera de los intentos de injerencias por parte de la política. P. ¿Puede ser más explícito? R. Trataré de serlo. El juez que inició las investigaciones [Baltasar Garzón] fue inhabilitado durante 11 años por el Tribunal Supremo. Por otro lado, están los distintos cambios de jueces de instrucción, en algunos casos no muy comprensibles. Y lo mismo ha sucedido con la composición de los tribunales de enjuiciamiento. Sin duda, es un asunto políticamente muy sensible en el que los partidos políticos se han empleado a fondo, y alguno incluso ha tratado de colocar a sus jueces más próximos. Y no me refiero a una simple afinidad ideológica, sino a claras vinculaciones, lo que los hacía a estas personas inidóneas para juzgar. También ha habido formas sutiles y menos sutiles de presión. P. ¿A usted le han presionado? R. Nadie se ha dirigido a mí pidiéndome que resolviera en uno u otro sentido, pero en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación profesional [Juezas y Jueces para la Democracia] ha salido en ocasiones en mi defensa. Desde luego, no el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], que en mi opinión debería haberlo hecho. Los jueces somos muy vulnerables y no podemos defendernos por nosotros mismos. El consejo debería asumir esa función, pero lamentablemente está muy lejos de los jueces y actúa siguiendo los vaivenes de la política.