La mayor grieta del sistema
La semana pasada, trascendieron fotografías de un centro de salud en Tekax, en el Estado de Yucatán (sureste de México). Las imágenes muestran a niños recién nacidos sometidos a nebulización en cajas de cartón. La escena fue capturada por doctores y enfermeros que denunciaban las precarias condiciones del hospital. Los políticos de la oposición también aprovecharon estas denuncias para desvelar una supuesta trama que habría desviado más de siete millones de dólares (casi seis millones de euros) de la secretaría de salud local a través de empresas fantasma. La fotografía ilustra el impacto generalizado que la corrupción, que cuesta a México diez puntos del PIB cada año, tiene en la vida cotidiana.
El esquema de corruptela del sector de salud de Yucatán ha sido utilizado a mayor escala. Tres periodistas documentaron un mecanismo similar con el que diversos organismos y secretarías del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recurrieron a empresas fantasma para simular contratos con decenas de universidades públicas a nivel nacional. La estafa maestra, la investigación del portal Animal Político y la ONG Mexicanos Contra la Corrupción que hizo pública esta trama, calcula que el monto del desvío supera los 400 millones de dólares. Las autoridades fiscales afirman que en el país existen más de 6.500 empresas pantalla, que tan solo en 2017 facturaron cerca del 5% del PIB nacional (1,4 billones de pesos).
Este refinado escándalo de corrupción, uno de los más gran- des del actual Gobierno del PRI, ha supuesto la inhabilitación de cuatro funcionarios. Pero aquellas personas que han ayudado a documentar el fraude también han sido castigadas. Es el caso de Muna Dora Buchain, la directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo similar al Tribunal de Cuentas español. Empleada desde 2005, Buchain fue despedida el 1 de junio cuando un nuevo auditor ocupó el cargo en el ocaso del sexenio de Peña Nieto.
Junto a ella han sido expulsados de la ASF ocho personas que ayudaron a documentar corruptelas de los Gobiernos del PAN y el PRI. Entre ellos, el caso de la Estela de Luz, una obra encargada en la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012, PAN) que tuvo un sobrecoste del 192%. “Es un mal sistémico”, afirma Buchain.
“El mensaje de que no ha habido investigación real de actos de corrupción dice mucho. No pasa nada”, agrega esta experta, quien organizó en 2010 un grupo de élite de investigación de desvíos de dinero público. “Los incentivos para la corrupción son muchos y la impunidad es vasta”.
El electorado mexicano parece haberse sumado a esta conclusión. Seis de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción ha aumentado en el último año, de acuerdo con el informe más reciente de Transparencia Internacional.
El país norteamericano ocupa la posición 135 de 180 medidos por el organismo. Es el peor evaluado del G20 y de las naciones que forman parte de la Orga- nización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Los escándalos de corrupción en la Administración han tocado incluso al presidente Peña Nieto, cuya esposa adquirió una lujosa mansión de uno de los contratistas preferidos por el Gobierno. También han tocado a políticos locales. Diecisiete exgobernadores, que han estado en el cargo en la última década, se encuentran bajo investigación, encarcelados o fugados. La mayoría llegó al poder bajo las siglas del PRI. Este hecho ha empantanado la campaña de José Antonio Meade, el candidato del tricolor a la presidencia, cuyos esfuerzos por asegurar que lu- El papel de Odebrecht en la política mexicana sigue envuelto en una nebulosa porque no ha sido investigado a fondo. El caso está en manos de la Procuraduría General de la República (la Fiscalía), que se encuentra sin dirección desde hace ocho meses. El Gobierno mexicano se ha limitado a sancionar e inhabilitar a la constructora Odebrecht en el país, pero no ha investigado el supuesto pago de mordidas que han sido declaradas ya ante la justicia brasileña.
Los escándalos se han convertido en el combustible de la campaña mexicana que culmina mañana. Ricardo Anaya, de Por México al Frente, una alianza que reúne a partidos de derecha, centro e izquierda, ha prometido una Fiscalía autónoma que investigue de forma imparcial el papel de Peña Nieto en las diversas tramas.
Pero la bandera de la lucha anticorrupción parece haber sido abarcada, primero y de mejor manera, por Andrés Manuel López Obrador, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en cabeza en todas las encuestas. El domingo se verá por qué proyecto se decanta México para intentar frenar un mal que hunde al país.