La Generalitat y el Gobierno chocan por 759 millones en obra pública
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, fueron ayer incapaces de alcanzar un acuerdo sobre cómo el Gobierno hace efectivo el pago de los 759 millones de euros comprometidos por el Ministerio de Hacienda. Tras una larga reunión celebrada ayer en Barcelona —no se celebró en la sede de ninguna de las dos Administraciones—, ambos ejecutivosmanifestaron unas diferencias que, de momento, son insalvables.
El Gobierno catalán reivindica que esa deuda, vinculada al incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, debe hacerse efectiva a través de una transferencia de capital para que la Generalitat disponga de ella con libertad de criterio en su uso. En cambio, el Ministerio de Fomento defiende el derecho a poder efectuar inversiones propias por ese importe en infraestructuras de movilidad de nueva creación o que se encuentren ya en ejecución. Si fuera así, se podría apuntar esa transferencia en el proyecto que se está realizando, por ejemplo, para finalizar la construcción de la lanzadera ferroviaria que conectará el centro de Barcelona con la Terminal 1 del aeropuerto del Prat. Esa posibilidad de pago permitiría al Ejecutivo central dar visualidad a su esfuerzo inversor en Cataluña, en un momento en el que el discurso predominante entre el empresariado y buena parte de la sociedad es que Cataluña sufre un agravio histórico en materia de infraestructuras. Pese al desacuerdo, la reunión de ayer supone romper una racha de once años sin reuniones de la comisión bilateral de infraestructuras entre ambos Ejecutivos.
Los 759 millones de euros que estuvieron ayer en el foco del encuentro es una cantidad pendiente desde 2008 y que Hacienda se comprometió a saldar, como prueba de sus intenciones de mejorar las relaciones con Cataluña.
En el mismo encuentro se repasó el listado de infraestructuras que se encuentran en avance en Cataluña y las que están pendientes. Desde la Generalitat también existía el deseo de buscar fórmulas de compensación por la denunciada falta histórica de inversión en Cataluña. Los sucesivos Gobiernos catalanes, apoyados especialmente por la Cámara de Comercio de Barcelona, han defendido que el volumen de inversión territorializada del Estado en Cataluña debía ser equivalente a su aportación al PIB.