La justicia europea frena la polémica reforma del Supremo de Polonia
Las medidas provisionales se mantendrán, según el auto, hasta que el tribunal de la UE resuelva la denuncia y la petición de medidas cautelares de la Comisión. Bruselas acusa a Polonia de infringir las normas comunitarias al haber aprobado una rebaja de la edad de jubilación de los jueces del Supremo—que forzaba la salida de casi un tercio de sus miembros— y al conferir al presidente de la República la facultad de ampliar el número de jueces.
El auto de Silva de Lapuerta estima que las alegaciones de la Comisión, en principio, parecen La primera ministra rumana, Viorica Dancila, reclamó este mismo mes en el Parlamento Europeo un voto de confianza a las instituciones comunitarias hacia su Gobierno que, según ella dijo, siempre iba a respetar el Estado de Derecho. Apenas tres semanas después, el Ejecutivo socialdemócrata no ha pasado el examen de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, que ha bien fundamentadas. En segundo lugar, la vicepresidenta del tribunal admite la urgencia planteada por la Comisión para pedir medidas cautelares, dado que la aplicación de la reforma podría llevar a una transformación del Supremo polaco y derivar en sentencias dictadas sin suficientes garantías de independencia de la justicia.
La decisión del Tribunal de Luxemburgo parece llamada a enconar aún más el conflicto entre Bruselas y Varsovia. El vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans ya ha expresado su temor a que en algún mo- expresado su “preocupación” por los cambios realizados en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La institución concluye que las reformas del Parlamento rumano pueden “debilitar seriamente la eficacia de su sistema penal” para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Tras Polonia y Hungría, el punto de mira de las instituciones europeas está puesto en Rumania. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Tim- mento el Gobierno polaco acentúe su rebeldía y opte por el desacato, que podría dar lugar a una segunda denuncia con posible multa. Pero fuentes europeas advierten de que, más allá de la sanción, la Polonia de Jaroslaw Kaczynski franquearía una línea roja de difícil retorno y desencadenaría una batalla institucional sin precedentes en la Unión. Polonia ya se encuentra expedientada en base al artículo 7 del Tratado de la UE por presunta vulneración de los derechos fundamentales, una medida que puede abocar a la suspensión de ciertos derechos mermans, lo dejó claro en la misma sesión en la que Dancila se explicaba ante la Cámara. “Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos”, advirtió a la espera del informe de la Comisión de Venecia.
Rumania está sometida desde su ingreso en la UE en 2007 al Mecanismo de Cooperación y Verificación, que debe comprobar, entre otros asuntos, sus avances del país en la UE, entre ellos, el derecho de voto en el Consejo.
El expediente, por ahora, apenas ha avanzado porque no existe mayoría suficiente de socios en el Consejo para dar el primer paso, que sería confirmar la violación de los valores fundamentales. Pero un desacato por parte de Varsovia podría movilizar muchos más apoyos para la aplicación del artículo 7, jamás utilizado.
El auto obliga a Polonia a informar una vez al mes a la Comisión sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. El primer informe deberá presentarse en el pla- en materia judicial. Sin embargo, desde hace un tiempo los informes avisan de un retroceso. Este mes, el Parlamento convocó un referéndum para vetar constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo que fijaba como umbral mínimo de participación un 30% del censo. A pesar de que la consulta quedó invalidada al no alcanzar ese listón, en las instituciones europeas quedó inquietud por la posibilidad de que hubiera sido un ensayo al que recurrir de nuevo para validar reformas constitucionales cuestionables.
La Comisión de Venecia propina un considerable revés a Rumania por las enmiendas que ha aprobado su Parlamento para reformar las dos leyes penales que, a su juicio, minan los procedimientos para perseguir la “corrupción, los delitos violentos y el vás. Polonia ya había puesto en marcha la ley de reforma del Tribunal Supremo, que entró en vigor el pasado 3 de abril. Y a pesar del expediente y de la denuncia de la Comisión ante la Corte de Luxemburgo, presentada el 2 de octubre, se había iniciado la renovación de la institución.
El Gobierno parecía tener la intención de repetir la jugada de Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán también acometió una polémica reforma del Tribunal Constitucional. La Comisión Europea denunció a Budapest ante la corte europea. Pero para cuando llegó la sentencia de Luxemburgo, la presunta purga de jueces ya se había ejecutado y Orbán se limitó a readmitir a algunos jueces y a indemnizar a la mayoría.
Bruselas ha sido mucho más tajante en el caso de Polonia y el tribunal europeo no solo paraliza la reforma, sino que obliga a dar marcha atrás a los cambios ya acometidos. La norma polaca ya ha supuesto la jubilación de varios jueces, incluidos la presidenta del Supremo y los presidentes de Sala. Al mismo tiempo, el presidente de la República ha nombrado 27 nuevos jueces y se ha anunciado la ampliación del número de magistrados de 93 a 120. Unos cambios que, según el auto de Silva de Lapuerta, “suponen una recomposición profunda e inmediata del Supremo”. crimen organizado”. Reclama a la Cámara que reconsidere las enmiendas presentadas para construir una propuesta “sólida y coherente” que, además, cuente con un “amplio apoyo de la sociedad”. Las calles de Rumania han vivido en los dos últimos años manifestaciones multitudinarias, precisamente, contra la corrupción por parte de autoridades gubernamentales.
El organismo asesor también señala los choques institucionales que se vienen produciendo entre el Parlamento y el presidente de la República, el fiscal general o el Tribunal Supremo. Al respecto, recuerda que el pasado 12 de octubre el Constitucional ya consideró que más de 60 artículos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se ajustan a la Carta Magna del país.