Aprobados la ‘tasa Google’ y el impuesto a la compra de acciones
El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros los anteproyectos del impuesto a las transacciones financieras, la tasa Google y la ley contra el fraude fiscal. Dado que resta poco tiempo del año para tramitarlas, la idea es acelerar para que se voten cuanto antes en el Congreso. Pese a las críticas sobre su capacidad para recaudar, se espera ingresar por estas medidas unos 2.900 millones de euros.
La nueva legislación contra el fraude obligará a informar sobre el uso de criptomonedas. Incluye multas de 150.000 euros para los fabricantes del llamado software de doble uso que permite a las empresas facturar en b. Prohíbe las amnistías fiscales. Ampliará la lista de paraísos fiscales para recoger territorios que faciliten el fraude fiscal y la baja tributación sin que haya una actividad económica real en dicho enclave. Se baja el umbral de deuda para entrar en la lista de morosos desde un millón hasta los 600.000 euros, y se añade a los responsables solidarios. Además, se reduce el límite al pago en efectivo entre profesionales desde los 2.500 a los 1.000 euros. Y se restringe de 15.000 a 10.000 euros los pagos que pueden hacer en efectivo los particulares con domicilio fiscal fuera.
Por último, se traspone la directiva europea para intentar que las empresas paguen los impuestos allá donde generen la actividad y no donde tengan una tributación más baja. Gracias a esta última iniciativa, se prevén ingresos por valor de 500 millones; por la limitación de los pagos en efectivo se calculan 218 millones; y con el reforzamiento de la lista de morosos, 110 millones.
En cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras, este consistirá en un tipo del 0,2% sobre la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones. Se excluyen las salidas a bolsa y se estima una recaudación de 850 millones que se destinará a las pensiones.
El impuesto sobre determinados servicios digitales o tasa Google supondrá un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por servicios de publicidad online, servicios en los que se intermedie entre una empresa y el cliente por Internet y la venta de datos de usuarios. Este afectará a compañías con una facturación global de 750 millones e ingresos en España que asciendan al menos a tres millones. A pesar de que Bruselas consideraba que se podrían recaudar unos 5.000 millones con este impuesto en toda la UE, el Gobierno cifra su recaudación en España en 1.200 millones. Y lo justifica porque reduce los umbrales para tributarlo.