La juez del ‘caso Máster’ carga contra la universidad

Carmen Rodríguez-Medel, responsable del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, aprovecha su último auto para lanzar un claro mensaje a la universidad Rey Juan Carlos (URJC), que desde 2006 dejó sin control el Instituto de Derecho Público (IDP), dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama y epicentro del caso que acabó con la carrera de una presidenta regional (Cristina Cifuentes) y de una ministra (Carmen Montón) y que cercó durante casi medio año al líder de la oposición (Pablo Casado). Como ya había reprochado en otras ocasiones, la magistrada expone que la colaboración del centro ha sido deficiente.

“Es necesario enfatizar que uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado la presente instrucción judicial ha sido, precisamente, la dificultad de extraer conclusiones claras en relación a cómo funcionaba —en lo que aquí nos concierne, los másteres impartidos— la universidad”, subraya el auto. “Su actuación, en opinión de esta instructora, no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos que se estaban investigando. Tan pronto se informaba de que determinada documentación no aparecía como, sorpresivamente, la misma se encontraba (significativo es la solicitud de convalidación de créditos del señor Casado)”, continúa Rodríguez-Medel en su escrito. Y remacha: “Sin duda, hubiera ayudado a esclarecer los hechos objeto de investigación si la documentación de la URJC hubiera dado garantías de integridad y fiabilidad. No es el caso”.

La magistrada recuerda también que el rector, Javier Ramos, La juez ha citado a declarar como testigo el próximo 31 de octubre a Rafael van Grieken, consejero de Educación de Madrid. “Fue uno de los interlocutores, directo o indirecto a través de su personal, del rector el día en el que se publicó la noticia del máster. Hechos que culminaron con la indiciaria falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster de Cristina Cifuentes”, señala Rodríguez-Medel. Con esta decisión, la magistrada acepta la petición de Álvarez Conde, que incide en que Van Grieken fue vicerrector de la URJC. “Y tuvo responsabilidades sobre el Instituto de Derecho Público”, denunció el presunto cabecilla del tras estallar el escándalo, destituyó a Álvarez Conde y puso al frente del IDP al profesor Pablo Acosta para investigar las irregularidades. Se hizo, según explicó el docente en su declaración ante la juez, para “lanzar el mensaje de que quería hacer una limpieza” en el centro. Pero este no contó con ningún tipo de apoyo administrativo. “No tenía personal o este —una estudiante— no tenía cualificación”, destaca el auto, donde se insiste en que el propio Acosta admitió que el encargo le “vino grande” y “no tenía experiencia previa en este tipo de actuaciones”. El rector no ha asumido nunca ninguna responsabilidad.

Por todo ello, sumado a que la URJC no ha solicitado ninguna diligencia de investigación durante la instrucción, Rodríguez-Medel se muestra sorprendida ante el recurso presentado ahora por la universidad. Lo califica de “paradójico”, vista “su pasividad en la causa a la hora de impulsarla”.

Pese a que cerró la línea principal de investigación, la juez mantiene abierta la causa por la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster de Cifuentes, que sigue imputada.