¿Y el lunes qué pasa con las hipotecas?
Cuando el Supremodictó una sentencia el jueves en la que decía que eran los bancos y no los clientes quienes debían asumir los costes del impuesto por inscribir ante notario las hipotecas, las entidades aseguraron que se habían quedado perplejas. Las asociaciones de consumidores celebraron la decisión. Ayer, la perplejidad les alcanzó a todos cuando una nota informativa señalaba que todo el proceso podía quedar en agua de borrajas. En 24 horas la incertidumbre volvió a cubrirlo todo.
Los servicios jurídicos de los bancos y los notarios todavía no habían digerido la decisión del jueves y ayer ya tenían que tomar una crucial: qué hacer hasta que el pleno del Supremo decida quién paga ese impuesto. Porque puede tardar días (incluso alguna semana). Y la rueda hipotecaria no para: hay citas concertadas para firmar créditos, ciudadanos con acuerdos de compra ya cerrados y señales entregadas a los vendedores que no pueden esperar.
Fuentes bancarias y notariales aseguran que ayer se firmaron menos hipotecas de lo habitual. Algunas no pueden esperar porque están en juego las arras u otra compra posterior. Y el lunes, las incógnitas son tantas, que es difícil saber qué harán los bancos, aunque la mayor parte de los consultados dijeron que seguirán aplicando la antigua normativa, es decir, será el cliente el que pague el impuesto. Si no está de acuerdo, el banco ofrecerá posponer la firma hasta que se aclare la situación.
Porque no existe una recomendación común de las patronales sobre si aceptar pagar el impuesto o seguir exigiendo que lo abone el cliente. Cada uno hará lo que considere mejor.
El impuesto de actos jurídicos documentados grava determinados documentos notariales o mercantiles y se abona ante las haciendas de las comunidades autónomas. Las hay que aplican un tipo del 0% para la primera vivienda, como País Vasco, y otras como Andalucía o Aragón que cobran el 1,5%. Pueden suponer entre 1.000 y 3.000 euros. Más, si la hipoteca es muy abultada. Una cifra nada desdeñable.
Los notarios, en principio, apuntaron ayer que advertirán de que la última sentencia del Supremo dijo que el impuesto correspondería al acreedor, es decir, al banco. Sin embargo, recordarán que este impuesto no se paga en el momento de la firma, sino que hay un plazo de dos meses para liquidarlo. Por eso, el banco y el cliente pueden dejar en el aire el pago hasta que haya una decisión clara. Pero algo debería quedar por escrito.
¿Y qué pasa con las demandas que las asociaciones de consumidores animaron a poner el jueves para exigir la devolución del impuesto a quienes lo pagaron años atrás? Ayer recomendaron seguir adelante. La OCU recuerda que la decisión del jueves es firme y considera muy poco probable que el tribunal dé marcha atrás. “La sentencia tiene una cierta complejidad en la interpretación, pero permite reclamar la devolución de cantidades y animamos a hacerlo”, señaló Ileana Izverniceanu, portavoz de la organización. La OCU recuerda que no es la primera vez que el Supremo saca sentencias polémicas, y que con las cláusulas suelo acabó pronunciándose el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, confirma esta postura y anuncia que la asociación presentará 60 demandas colectivas y saldrá a la calle para informar a los consumidores sobre la posibilidad de conseguir la devolución de las cantidades abonadas: “Hay que aclarar que hay una sentencia que dice que es el banco quien tiene que pagar”.