El pacto migratorio de la ONU se convierte en blanco del nacionalismo

Italia ha criticado el pacto y deja en suspenso la decisión de si lo adoptará o no y en Alemania, la canciller, Angela Merkel, se ha visto obligada a someterlo a la aprobación del Parlamento tras una intensa campaña de la extrema derecha en redes sociales. Todo esto pese a la flexibilidad con la que se ha planteado: el pacto no es vinculante, no exige una partida económica directa y el seguimiento se hará cada cuatro años.

En este panorama, EE UU, que no quiso involucrarse ni en la negociación del documento, vio oportuno recordar hace dos días por qué. En un comunicado de su Embajada ante la ONU afirma que el pacto está “a favor de la migración” y que no tiene en cuenta que una “inmigración legal bien gestionada debe empezar y terminar con controles nacionales efectivos de las fronteras”. Defiende su soberanía para decidir a quién admite en su territorio —lo que el pacto no cuestiona—, critica que no distinga “adecuadamente” entre migrantes regulares e irregulares y advierte que el texto de la ONU pretende acabar generando directrices internacionales vinculantes.

El acuerdo migratorio ha hecho supurar las heridas de una Europa que gestionó dividida la llegada de un millón de personas en 2015, muchos de ellos huyendo de la guerra en Siria. La retórica xenófoba ha ido ganando terreno desde entonces y ha visto en la cita deMarraquech la plataforma perfecta para hacerse oír. Pese a las críticas, el pacto es el principal esfuerzo conjunto para gestionar de un modo racional el movimiento migratorio creciente. En este momento hay 257 millones de personas que se han trasladado a vivir en otro país, el 3,4% de la población mundial, y miles más están en camino.