La crisis fronteriza amplía la brecha que divide a los polacos

Una exigua mayoría aprueba la actuación del Gobierno mientras que Ley y Justicia sigue cayendo en las encuestas

La crisis en la frontera con Bielorrusia tenía todos los elementos para relanzar la alicaída popularidad del Gobierno polaco y mitigar la acusada polarización social: un enemigo externo de fuera de la UE y aliado de Rusia —país con el que Varsovia mantiene una histórica relación de desconfianza—, un estridente líder autoritario (Aleksandr Lukashenko) y el apoyo firme de la Unión y de la OTAN ante lo que Europa considera un “ataque híbrido” tras meses de trifulcas con Bruselas a cuenta del Estado de derecho y la independencia judicial. El manual de la política, sin embargo, a veces no funciona. Los sondeos de opinión de los últimos días reflejan un nuevo descenso en las perspectivas de voto del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), en el ocaso de un año plagado de polémicas que se ha llevado por delante la coalición de Gobierno.

Un sondeo difundido este lunes por el diario Gazeta Wyborcza otorga un 30% de intención de voto al PiS del primer ministro, Mateusz Morawiecki, que llegó el poder en 2015 y logró un 43,6% de los sufragios en 2019. Son dos puntos porcentuales menos que hace un mes, antes del punto álgido de la crisis, y seis menos que hace un año. Mientras, se mantienen más o menos estables la principal fuerza de la oposición, la Plataforma Cívica de Donald Tusk (24%), que básicamente está optando por el mutismo, y La Izquierda (8%). Polonia 2050, el proyecto personalista del periodista y presentador televisivo Szymon Holownia, salta del 10% al 14% y la Confederación, de extrema derecha, del 6% al 9%.

Aunque las próximas elecciones no están programadas hasta 2023, un 78% de los consultados declara que irá ese día a las urnas (un 57%, con toda seguridad), sobre todo partidarios de la Plataforma Cívica y de Polonia 2050. La participación en 2015 fue del 51% y en 2019, del 62%. Las victorias electorales del PiS se han basado en la movilización de su base electoral —personas mayores, tradicionales y católicas en pueblos o ciudades pequeñas— y la desmovilización de las alternativas. Un 2% de los encuestados dice ya que votará a “algún partido de la oposición”, aunque no sabe a cuál.

“El mensaje del Gobierno es que las personas que están en la frontera son una amenaza, da igual si son mujeres o niños. Pero incluso para algunos de los que lo apoyan, lo que está pasando en la frontera es inaceptable desde un punto de vista humano”, explica por teléfono Dorota Heidrich, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia.

Kajetan Kozowski es un ejemplo de estos dilemas. Tiene 20 años y no querría verse estos días al frente de su país. “Es una situación muy compleja. No me gusta el Gobierno, pero no hay mucha alternativa a lo que está haciendo”, afirma en el supermercado en el que trabaja en la localidad de Hajnowka, a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Por un lado, saca a relucir con una sonrisa una frase fetiche entre la oposición “Jebac PiS” (Que se joda el PiS). Por otra, “en tanto que alguien con amigos en la Guardia de Fronteras”, ve las imágenes en la valla y “a migrantes vestidos con Puma o Nike” y entiende las devoluciones en caliente.

Dos sondeos publicados en los últimos días por el periódico Rzeczpospolita coinciden en otorgar al PiS un 30% de votos (también con seis puntos de caída) y reflejan la división política que vive el país. Un 39% apoya la actuación del Gobierno en la frontera, un 36% la rechaza y un 25% no opina. En ocasiones, las respuestas reflejan una mezcla de miedos y sentimientos contradictorios. Por ejemplo, un 54% defiende la reciente enmienda de la ley de extranjería que permite las devoluciones en caliente —ilegales, según el derecho internacional, y que Polonia ha aplicado masivamente en esta crisis— y, a la vez, más de un 60% quiere que los migrantes que crucen ilegalmente a Polonia y pidan protección internacional entren en el procedimiento de asilo, que impide su expulsión automática a Bielorrusia.

Otros casos en la zona ejemplifican el cisma social. En un lado están Piotr Zojbert, de 44 años, y Ela Moczynska, de 37, una pareja que defiende que Polonia debería destinar a acoger migrantes el dinero que costará construir la planeada barrera en la frontera. Trabajan en marketing en la capital —donde la Plataforma Cívica superó al PiS en 2019— y han venido a pasar unos días a escasos kilómetros de la frontera.

El apoyo al partido ultraconservador ha pasado en dos años del 43% al 30%

“Ya tienen un país. No tenemos por qué aceptarlos”, dice una empleada de banca

Asilo

“El otro día iba conduciendo y [las fuerzas de seguridad] me pararon en plan película de zona de guerra, con armas largas y deslumbrándome con la linterna en la cara. Tuve mucho más miedo de ellos que de las personas de las que se supone que nos protegen”, dice él entre risas frente a un supermercado en el pueblo de Narewka. “Creíamos que el Gobierno no podía cruzar más líneas rojas, pero lo ha hecho”, tercia ella.

A pocos kilómetros geográficos, pero al otro lado de la brecha política, está Ula Z. “Yo haría lo mismo que el Gobierno. Sé que esa gente no está bien en sus países, pero Polonia no tiene por qué aceptarlos. Ya tienen un país. Están todo el tiempo con eso de [que quieren llegar a] ‘Alemania, Alemania, Alemania…’ ¿Por qué no piden asilo en Bielorrusia?”, protesta en Hajnowka esta empleada de banca de 32 años que prefiere no dar su apellido. O Stefan Martyniuk, que trabaja en una tienda de electrodomésticos. Tiene 38 años y se define como “patriota”, cristiano evangélico y votante de la ultraderechista Confederación. “Apoyo a nuestros soldados porque los respeto: han jurado por Dios y la patria”, afirma.