Estrasburgo condena a Turquía por detener a 427 jueces y fiscales
Ankara deberá pagar una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los afectados
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a Turquía por la detención de 427 jueces y fiscales tras el fallido intento de golpe de Estado de 2016. El tribunal de Estrasburgo considera que las detenciones se efectuaron mediante procedimientos que violaron el estatuto que protege a los representantes de la justicia y, por lo tanto, el Estado turco deberá pagar una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los afectados, la mayoría de los cuales se encuentra en prisión.
El levantamiento militar del 15 de julio de 2016 —en el que murieron 251 personas en el bando leal al Gobierno y al menos un centenar entre los golpistas— lo protagonizaron algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Turquía que, según el Gobierno, seguían las directrices de la organización político religiosa de Fethullah Gülen, un predicador islamista antaño aliado del hoy presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pero con el que rompió relaciones a partir de 2013.
Desde la década de los ochenta, los gülenistas infiltraron a sus seguidores en la Administración, en particular la Policía y la judicatura, donde jueces y fiscales adscritos a esta organización religiosa adquirieron grandes cotas de poder a raíz de la reforma judicial aprobada en 2010 y apoyada por Erdogan. Si bien Gülen ha negado su participación en el golpe, hay pruebas de la participación en él de algunos de sus seguidores.
Tras la asonada, se desataron las purgas contra los sospechosos de relación con los gülenistas, si bien luego se extendieron contra opositores de distinto signo político. Más de medio millón de personas fueron investigadas y casi 100.000 encarceladas. Unos 130.000 funcionarios perdieron su puesto.
Los 427 jueces y fiscales a los que hace mención el caso Turan, que acaba de sentenciar el Tribunal de Estrasburgo, ejercían en el Tribunal Supremo, el de Casación y en otros tribunales y oficinas, y fueron arrestados en los días posteriores al golpe. Ya al día siguiente de la asonada, Erdogan dijo que disponía de listas de sospechosos de la judicatura.
La justificación de la justicia turca es que se hallaban en “delito flagrante”, al ser miembros de la organización gülenista, que en Turquía es conocida como la “organización terrorista FETÖ”. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que solo podrían haber sido detenidos bajo esa figura legal “en el momento de o inmediatamente después de haber cometido un acto directamente relacionado con el intento de golpe” y no sobre la base de “conjeturas” sobre su relación con la organización de Gülen. El tribunal de Estrasburgo recuerda que los jueces y fiscales solo pueden ser puestos en prisión preventiva en caso de que se les halle en delito flagrante.
El Estado turco deberá ahora abonar más de dos millones de euros en indemnizaciones, pues Turquía, como Estado fundador y miembro del Consejo de Europa, tiene obligación de cumplir las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno de Erdogan ha buscado excusas para no hacerlo.
El comité de ministros del Consejo de Europea ya ha señalado que, de no cumplir estas demandas, se iniciará un proceso de infracción que podría culminar en que se retire a Turquía el derecho a voto.