El Supremo blinda el castellano en las escuelas de Cataluña
El Govern pide a los centros que no acaten la sentencia
El Tribunal Supremo rechazó ayer el recurso de la Generalitat contra la sentencia que le obligaba a impartir en las escuelas públicas al menos el 25% de las clases en castellano. El Govern considera clave el carácter vehicular del catalán en el sistema de inmersión lingüística, que se aplica en Cataluña desde 1983, pese a que varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional se han pronunciado en su contra en las últimas décadas. El Gobierno catalán asegura que con esta decisión judicial “se tumba” el modelo.
El Supremo inadmitió ayer el recurso de casación que presentó el Gobierno de la Generalitat ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de diciembre de 2020, en la que imponía este porcentaje. El Govern avisó ayer de que no cumplirá la sentencia y afirmó que el modelo catalán garantiza el aprendizaje de las dos lenguas.
En una comparecencia de urgencia, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, pidió a los centros educativos que no cambien sus programas, y aseguró que la inmersión lingüística está blindada por la ley de educación catalana. Poco después, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, calificó la decisión judicial de “injerencia” y de “falta de respeto a los docentes”. “El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades”, dijo Aragonès, que se reunió con entidades en defensa de la lengua. Una de ellas, Òmnium Cultural, llamó a “agotar todas las vías para blindar el modelo”, incluyendo la desobediencia.
La inmersión lingüística cuenta con un amplio consenso en el Parlament y en el ámbito educativo catalán. Fundaciones educativas y sindicatos también expresaron su rechazo a la decisión judicial. El modelo es defendido por las formaciones independentistas pero también, aunque con matices, por el PSC. De hecho, el Gobierno y ERC negociaron hace un año la llamada ley Celaá, que dejaba de considerar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Según ERC, este fue el blindaje definitivo de la inmersión lingüística, aunque los jueces ya se han pronunciado en contra.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe, en cambio, celebró el fallo y pidió cambiar el modelo educativo, que “discrimina a miles de alumnos por razón de lengua”, señalaron en un comunicado. Fuera de la escuela, la mayoría de la población catalana tiene el castellano como lengua materna (el 52,7% frente al 31,5% el catalán, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, de 2019). También el castellano es mayoritario como lengua de identificación (46,6% frente al 36,3% del catalán) y como lengua habitual (48,6% frente al 36,1%).
El Govern defiende que el modelo protege al catalán y es “integrador”. El consejero de Educación calificó la inadmisión del recurso como “un grave ataque perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad lingüística”. “El departamento de Educación está del lado de los centros, tienen que seguir trabajando como hasta ahora, no tienen que hacer ningún cambio en sus programas”, destacó.
La sentencia del tribunal superior reabrió, hace casi un año, el debate sobre la aplicación del modelo de inmersión lingüística. El tribunal consideró que el uso vehicular del castellano en el sistema de enseñanza catalán es “residual” y constató una “infracción del marco jurídico vigente”. La sentencia partía de un recurso presentado en abril de 2015 por la Abogacía del Estado, en representación del entonces ministro de Educación, el popular José Ignacio Wert. En esa demanda, el Estado señalaba que la Generalitat no aplicaba la disposición adicional 38.4 de la Ley Orgánica de Educación de 2006 que establece el “derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales”.
La sentencia se apoyaba además en los casos individuales de familias que habían acudido a los juzgados para pedir la escolarización en castellano. El consejero aseguró que estos casos no representan “un conflicto real”. “No estamos ante un conflicto lingüístico: desde el año 2005 solo 80 familias han pedido la escolarización en castellano, en un sistema en el que cada año hay 1,5 millones de alumnos”, dijo. “Que un juez sea quien determine el número de horas para cada lengua es una anomalía y un menosprecio al trabajo de nuestros educadores”, señaló.
De hecho, el tribunal superior ya reconocía en su sentencia que no corresponde a los jueces dar una directriz sobre cómo garantizar las dos lenguas en las escuelas, pero destacaba que había que “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”. La demanda del Estado no reclamaba un reparto en porcentajes sobre las horas lectivas para una u otra lengua.