El modelo está pendiente de reforma desde 2014
El sistema de financiación de las comunidades de régimen común —todas salvo Navarra y el País Vasco—, que se nutre con aportaciones del Estado, tiene el objetivo de nivelar los servicios entre las comunidades más ricas y las más pobres para que todas puedan prestar los servicios públicos en las mismas condiciones. El Gobierno se ha comprometido a abordar su reforma, pendiente desde 2014, revisando el concepto de “población ajustada”, una variable que refleja las necesidades financieras de cada comunidad tras ponderar el número de habitantes según factores demográficos y geográficos. Y sobre la que no hay acuerdo entre autonomías.
El modelo en vigor está construido en torno a un intrincado esquema de fondos, el más importante de los cuales es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Este es el principal instrumento de nivelación entre autonomías. Se trata de una bolsa común alimentada por aportaciones del Estado y por el 75% de los ingresos tributarios teóricos de las regiones —la recaudación que cada una obtendría si no aplicara rebajas o subidas fiscales— que se reparte cada año a las autonomías en función de su población ajustada.
Demografía y geografía
El coste de la prestación de un servicio público se eleva, por ejemplo, cuando la población está más envejecida o el territorio se encuentra menos densamente poblado. A la hora de calcular la población ajustada, las variables demográficas son las más relevantes: la llamada población protegida equivalente (a efectos del sistema de salud) pesa un 38%, seguida por el número total de residentes (30%), el de niños en edad escolar (20,5%) y el de mayores de 65 años (8,5%). Los factores geográficos, que comunidades más extensas y despobladas como Castilla y León (PP) o Aragón (PSOE) piden reforzar, tienen una importancia mucho menor: un 1,8% la superficie, un 0,6% la dispersión poblacional y un 0,6% la insularidad.
Pero, además del de garantía, existen otros tres fondos —suficiencia, cooperación y competitividad— que introducen ajustes al reparto y que los expertos consideran poco transparentes y arbitrarios. Estos fondos son, sostienen, los que provocan ciertas desigualdades.
Según un reciente estudio de Fedea, Madrid es la comunidad que más recursos destina al sistema, seguida por Cataluña y Baleares; Cantabria y La Rioja son las mejor financiadas por habitante ajustado. Y distintos análisis apuntan a que la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha reciben menos recursos que la media.