La España menos poblada firma por cambiar el criterio de reparto
Ocho autonomías piden más dinero para asumir el gasto sanitario
Castilla y León acoge al 5% de la población española, pero gestiona casi el 40% de los consultorios sanitarios de todo el país. Cantabria se gasta al día 100.000 euros en transporte escolar frente a los 80.000 euros de la Comunidad de Madrid. Estos son dos de los datos revelados por los ocho presidentes autonómicos de la España con mayor media de edad y más despoblada, que se reunieron ayer en Santiago. Los mandatarios de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Cantabria, Aragón y La Rioja, todos ellos territorios golpeados por la despoblación, la dispersión de habitantes y el envejecimiento, proponen que la nueva financiación autonómica se rija por una fórmula más “dinámica” que garantice “servicios similares” en todos los rincones del Estado y conceda más peso a criterios como la superficie o la dispersión. Así recibirían más fondos que ahora, en detrimento de las autonomías más pobladas.
En el documento acordado en el bautizado como Foro Santiago, además de reconocer que todas las autonomías están infrafinanciadas y no deben perder dinero con el nuevo modelo, las comunidades consideran clave “acertar en la definición de los costes reales” de los servicios esenciales. Para ello, no solo proponen dar más peso a los factores demográficos que encarecen la educación, la sanidad y la atención a dependientes y estudiar el impacto del paro y el nivel de renta. También plantean que el nuevo reparto de los fondos se adapte mejor a los cambios, a la evolución de los gastos que soportan las arcas autonómicas. Demandan que se vinculen los recursos que reciba cada comunidad tanto “a la evolución de las necesidades de gasto” como a las novedades normativas o la creación de servicios que impulse el Gobierno.
El acuerdo entre las autonomías plantea que la negociación del nuevo modelo de financiación reserve un “análisis especial” al gasto sanitario creciente y a los efectos de la pandemia. “El peso de la sanidad en el sistema debe adecuarse al gasto real de las comunidades, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la pandemia”, recoge el documento, firmado por los presidentes de PP, PSOE y Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
El acuerdo reclama valorar “de forma adecuada” el impacto que tiene la población mayor de 65 años en la necesidad de más dinero público para la sanidad. Galicia calcula un sobrecoste sanitario de 500 milones anuales por el envejecimiento y la dispersión de sus habitantes. La comunidad tiene un 24% de población que supera los 65 años, cinco puntos por encima de la media española,
una franja de edad a la que, según datos de la Xunta, pertenecen la mitad de los hospitalizados y que concentra más del 60% del gasto en fármacos recetados.
Apelando a la “lealtad institucional” y a la “seguridad jurídica”, las comunidades reunidas en
Santiago instan a que se cuantifiquen las medidas impulsadas por el Estado que “hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como los que puedan surgir” con nuevos servicios que vayan a ser gestionados por estas administraciones.
Para atender a la dependencia, demandan “financiación suficiente” para la cobertura que establece la ley aprobada hace 15 años. E inciden en la necesidad prestar especial atención a los mayores de 85 años, “donde se concentra un mayor porcentaje de grandes dependientes destinatarios de los cuidados más intensivos del sistema”.
“Nos jugamos mucho”, advirtió el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). Los firmantes recalcaron que la reunión “no se hace contra nadie”. El documento pactado “aporta y suma”, defendió el castellanomanchego Emiliano García Page (PSOE). “Hoy no es noticia la bronca y el ruido, sino el acercamiento y el diálogo”, proclamó Núñez Feijóo (PP).
El documento rubricado por los ocho presidentes reclama incentivos a la natalidad para paliar los desequilibrios territoriales que sufre España, apoya al Gobierno central para que universalice “con el apoyo económico necesario” la educación de 0 a 3 años y demanda que la UE declare “zonas escasamente pobladas” a Teruel, Soria y Cuenca. Estas comunidades también abogan por un “gran pacto nacional” para combatir el déficit de médicos.
No todo fue consenso. Extremadura y La Rioja se desmarcaron de una adenda contra la prohibición de la caza del lobo decretada por el Gobierno central. El cántabro Miguel Ángel Revilla reivindicó a las comunidades del foro como “la España real” que “produce carne, leche y trigo”: “La financiación no debe hacerse por habitante, porque si no, estamos contribuyendo a que haya más Madrid, más Barcelona, más Valencia y más Sevilla”.