Las contradicciones de los tribunales superiores complican implantar el certificado
11 comunidades quieren ampliar el uso del documento
Los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Baleares han avalado la exigencia del certificado covid para entrar en discotecas. El de País Vasco ha tumbado la medida para los karaokes porque atenta contra dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la creación artística. En un momento en el que las comunidades empiezan a jugar las primeras cartas frente al incremento de la incidencia que vive España —que ha pasado de 46 casos por 100.000 habitantes a 14 días el 25 de octubre a 139 ayer—, la disparidad de criterios en los tribunales empieza a perfilarse otra vez como un obstáculo más para las comunidades en su gestión de la pandemia.
El certificado covid sirve para confirmar que el portador ha completado la pauta vacunal, ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses o ha dado negativo en una prueba PCR en las 72 horas anteriores (48 horas para un test de antígenos). Hasta ahora, el papel que tenía en la lucha contra el virus era muy residual. Además de solicitarse en frontera para entrar en España, solo Cataluña, Baleares y Galicia lo pedían para entrar en discotecas. La Generalitat, además, lo exigía para eventos donde hubiera baile, mientras la Xunta hacía lo mismo para acceder a hospitales y albergues de peregrinos. En todos los casos, estas exigencias habían contado con el aval judicial.
Ha sido en el momento en el que más comunidades han querido aplicar medidas similares cuando han vuelto a aflorar las diferencias entre los tribunales. El caso más llamativo ha sido el del País Vasco, la segunda autonomía con peor incidencia (casi 300 casos por 100.000 habitantes) tras Navarra. El Gobierno de Iñigo Urkullu quería implantar el certificado en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales, en discotecas, salas de baile y fiestas, bares musicales y karaokes, pero se ha topado con la oposición de los jueces, que lo consideran desproporcionado. El Gobierno vasco no recurrirá ante el Tribunal Supremo.
El Ejecutivo de Aragón quería introducir el certificado en el ocio nocturno y en cualquier evento que reuniera a 500 personas bajo techo y a 1.000 en el exterior, entre otros. La respuesta de su tribunal superior ha sido pedir “alegaciones a las partes” porque esto, según el tribunal, va más
El País Vasco quería exigirlo en karaokes o salas de baile pero no ha podido
allá de las funciones que la Constitución prevé para los tribunales de lo contencioso al “proponer en estos casos una solución de cogobierno”. Pese a ello, los jueces rechazan “generar una situación de bloqueo” y destacan que el Gobierno de Aragón no queda “impedido de adoptar las medidas que estime oportunas”.
Cataluña ha sido la última comunidad en anunciar nuevas medidas relacionadas con el certificado, al avanzar ayer que pretende extender su uso a bares, restaurantes, gimnasios y residencias. La Generalitat informó de que, antes de dar el paso, pedirá el aval del Tribunal Superior de esta comunidad.
Dudas
En una situación similar están Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y La Rioja, que han avanzado con más o menos detalles las medidas que desean adoptar. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, también ha admitido que contempla solicitar el certificado “temporalmente” en los espacios cerrados de los municipios con mayor incidencia, pero por ahora no ha avanzado más detalles. Canarias, por su parte, volverá a pedir el certificado a los viajeros que lleguen de la Península a partir del 1 de diciembre.
Murcia, en cambio, sí ha logrado el aval de los jueces para introducir el certificado en la hostelería y ocio nocturno, aunque en este caso con un enfoque algo distinto. Aquellos locales que quieran trabajar con el 100% del aforo, podrán hacerlo solo si piden el documento digital, mientras aquellos que no lo hagan solo podrán hacerlo al 75% en interiores (50% en municipios con riesgo alto o muy alto). El presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, ha criticado que “sin un mínimo de coordinación” nacional, las medidas que puedan implantar las comunidades serán “ineficaces”. Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura no ven necesario por ahora extender el uso del pasaporte. La Comunidad de Madrid lo está “estudiando”.
Los epidemiólogos no creen que exigir el certificado vaya a servir como barrera contra la circulación del virus en España, ya que el 89% de los mayores de 12 años tiene la pauta completa. Quique Bassat, investigador ICREA en el ISGlobal (Barcelona), cree que resulta útil para incentivar la vacunación en países con una baja cobertura, pero que también puede dar una falsa sensación de seguridad. “Es mucho más importante que se cumplan bien otras medidas, como el uso de mascarillas en interiores. No tenemos que olvidar que los vacunados pueden contagiarse o contagiar”, añade.
Es la misma idea que ya dejó caer hace unos días el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón: “Si todo el mundo está vacunado, ¿para qué necesitas saberlo cada vez que entras a un bar?”.
Los expertos creen que es poco eficaz para frenar la transmisión
Con información de Lucía Bohórquez, Bernat Coll, Pedro Gorospe, Juan Navarro, Amaia Otazu, Eva Saiz, Virginia Vadillo, Isabel Valdés, Cristina Vázquez, Guillermo Vega y Sonia Vizoso.