Las parejas de hecho podrán tener pensión de viudedad
La tramitación parlamentaria por la que el Gobierno aprobó ayer la reforma de las pensiones incorpora, además del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) —que supondrá un aumento del 0,6% de las cotizaciones sociales—, otros añadidos a través de enmiendas transaccionales. Entre ellas, la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios en cuanto a las pensiones de viudedad, que el Ejecutivo agregó a propuesta del Grupo Parlamentario Plural y Más País.
Según el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso EL PAÍS, las parejas de hecho “tendrán derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio”, aunque para ello deberán acreditar su condición “mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años”. En el supuesto de que existieran hijos, tan solo será necesario acreditar la constitución de la pareja de hecho.
Para ello, será igualmente preceptiva la inscripción en alguno de los registros existentes en las comunidades o ayuntamientos del lugar de residencia “o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja”. Tanto la anotación como la formalización del documento deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años respecto a la fecha del fallecimiento de uno de los miembros.
Informe de cotizaciones
En una de las nuevas disposiciones adicionales se fija que “en el plazo de un año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones analizará la configuración de la pareja de hecho desde el punto de vista de la Seguridad Social, a efectos de determinar su alcance para garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional”. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 había 1.826.900 parejas de hecho y 9.480.400 matrimonios. Hasta septiembre, el Gobierno desembolsó 15,9 millones en pensiones de viudedad.
Dentro de este paquete destaca la transaccional de ERC y Bildu, por la cual en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley —prevista para el 1 de enero de 2022— el Gobierno deberá remitir a la comisión del Pacto de Toledo “un informe relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva” entre 1980 y 2020.