El Gobierno extiende hasta final de 2022 el blindaje a las empresas estratégicas
La norma permite al Ejecutivo vetar opas que afecten a grandes compañías españolas
El Consejo de Ministros aprobó ayer la ampliación del blindaje a empresas estratégicas, hasta el 31 de diciembre de 2022, a través de un decreto que incluye la prórroga de otras medidas para responder a la pandemia. Con esta norma, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en compañías estratégicas cotizadas en participaciones que superen el 10%, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
“La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”, aseguró el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado. El alargue de la vigencia de la herramienta, conocida como escudo antiopas, pretende proteger a las grandes empresas españolas ante el interés de otras firmas o fondos extranjeros de hacerse con ellas a un precio por debajo del real de mercado en circunstancias normales. Fue adoptado por primera vez en marzo de 2020, ante la caída de las Bolsas que provocó la primera oleada del coronavirus. Y la prórroga llega solo dos días después de que el fondo estadounidense KKR agitara el sector europeo de las telecomunicaciones con su opa sobre Telecom Italia.
De esta forma, el Ejecutivo podrá vetar inversiones extranjeras en grandes empresas españolas durante otros 12 meses. “Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico”, explica el ministerio.
El Gobierno también prorrogó ayer las medidas de apoyo a los autónomos y las empresas. Y las líneas de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), hasta el 31 de julio de 2022: “Se han garantizado hasta el 18 de noviembre un total de 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo”, detalla Asuntos Económicos. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se han destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado otros 1.978 millones.