Un juez imputa al PP de Salamanca por las primarias que ganó Mañueco
El instructor ve financiación ilegal en el pago de las cuotas atrasadas de afiliados
El magistrado Juan Rollán, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, imputó ayer al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal de la formación durante el proceso de primarias en 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El magistrado les cita a declarar como investigados —figura equivalente a la de imputado— el próximo 30 de diciembre al encontrar “indicios racionales” de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal del partido. El instructor considera que se pagaron las cuotas de afiliados a la formación con 24.140 euros “sin justificar” y lo califica como “donación anónima ilegal”.
Tras conocerse la imputación, el Partido Popular de Salamanca insistió a través de un comunicado en que todos sus cargos han respetado siempre la legalidad vigente y manifestó su “disposición total y absoluta a colaborar con la justicia”. La formación salmantina recuerda que la citación para declarar como investigados “no supone un pronunciamiento de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”. El presidente de la Junta de Castilla y León aseguró ayer en Valladolid que su partido ofrece la “colaboración máxima con la justicia” y se remitió al comunicado del PP de Salamanca.
61.900 euros
El juzgado de instrucción investiga cómo se recaudaron unos 61.900 euros y se pagaron las cuotas pendientes de 4.900 afiliados en la provincia de Salamanca para que estos tuviesen derecho a voto en un proceso interno celebrado en marzo de 2017 y al que se presentaba Alfonso Fernández Mañueco, entonces alcalde de Salamanca.
En el auto de ayer, el magistrado detalla que la gerente de la formación en Salamanca certificó que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortizó una deuda de 61.937 euros a través de distintos mecanismos de ingreso bancario. Destaca una partida de 41.490 euros que se abonó mediante la contribución de “cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente” en el pago de las cuotas de “afiliados morosos” y dentro de esa cantidad se incluye, según el auto, 24.140 euros cuya aportación “queda sin justificar” y que el magistrado califica como “donación anónima ilegal”. Las donaciones anónimas a partidos políticos están prohibidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.
El PP de Salamanca defiende que el pago de deudas de terceros “está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca, ya que fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”.
La Fiscalía había expresado dudas sobre cómo este dinero había llegado de manera “altruista” para que se cubrieran las cantidades adeudadas por cientos de simpatizantes. Al actualizarse sus cuentas y ponerse al día, se les devolvía el derecho a sufragio para las primarias de marzo de 2017, en las que el salmantino Mañueco obtuvo dos tercios de los apoyos y superó a su competidor, Antonio Silván, regidor en León. La denuncia llegó a instancias judiciales con el nombre ficticio de Andrés Sánchez Santa Mónica, y aseguraba que existía una trama organizada para facilitar que los adeptos al PP de Salamanca pudieran decantarse por Mañueco. El escrito sostenía que “las supuestas donaciones”, que dentro del partido llamaban con ironía ‘impuesto revolucionario’, se hicieron “en metálico y sin mediar documento, factura o acuse de recibo por escrito”.
La causa se archivó en plenas negociaciones de PP y Ciudadanos para formar gobierno en Castilla y León, pero fue reabierta por la Audiencia Provincial en junio de 2020.