Interpol elige como presidente a un general de Emiratos Árabes acusado de torturas
Las ONG critican el control del organismo por gobiernos autoritarios
La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, eligió ayer como nuevo presidente a Ahmed Naser al Raisi, general de Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusado de torturas y con varias investigaciones abiertas en distintos países europeos. Si bien el cargo, de cuatro años, es principalmente ceremonial —el día a día de Interpol lo lleva el secretario general, el alemán Jürgen Stock—, el nombramiento de Raisi alertó a organizaciones de derechos humanos y representantes políticos ante lo que consideran un progresivo control de esta organización de cooperación policial internacional por parte de regímenes autoritarios. El anterior presidente del organismo, el chino Meng Hongwei, desapareció en 2018 durante un viaje a su país natal. Posteriormente, Pekín reconoció su arresto y en 2020 fue condenado a 13 años de cárcel acusado de corrupción.
Raisi fue elegido en la Asamblea General de Interpol que se celebra estos días en Estambul. En votación secreta —y en tercera ronda—, el emiratí recibió cerca del 70% de los apoyos, imponiéndose a la checa Sárka Havránková, vicepresidenta de Interpol para Europa y que había hecho campaña para que, como señalan los estatutos de la organización, esta respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Interpol es una organización indispensable. Continuaré promoviendo su espíritu de colaboración mientras trabajamos por crear un mundo más seguro”, dijo Raisi tras su elección. El nuevo presidente de Interpol ejerce en Emiratos Árabes Unidos de inspector general del Ministerio de Interior. Supervisa el funcionamiento de las fuerzas de seguridad de una monarquía petrolera, en la que no existe libertad política ni de expresión y donde los castigos corporales forman parte del ordenamiento jurídico. La situación de los derechos humanos en el país ha empeorado desde la Primavera Árabe de 2011, dado que los jeques de Emiratos han perseguido más a los opositores.
Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, así como informes del Departamento de Estado de EE UU, las detenciones arbitrarias y las torturas en el país están a la orden del día. Se ha documentado, también, la participación de las fuerzas de seguridad emiratíes en decenas de desapariciones de sus propios ciudadanos y de residentes extranjeros, o incluso en el secuestro de miembros de la familia real de Dubai.
Investigaciones abiertas
Entre los extranjeros detenidos y torturados se hallan al menos dos británicos —Matthew Hedges y Ali Ahmad— y un turco, el empresario Mehmet Ali Öztürk. Las investigaciones judiciales abiertas contra Raisi se refieren precisamente a estos casos. Por un lado, un proceso abierto por los abogados de Öztürk en un tribunal de Estambul.
Por otro, Hedges y Ahmad han identificado a Raisi como responsable de su detención y torturas y han denunciado en varios países europeos, como en Francia. Ayer, fuentes de la Fiscalía Antiterrorista francesa confirmaron a EL PAÍS que las dos demandas presentadas en su país contra Raisi por “torturas” han sido archivadas “por ausencia de competencias” pues el denunciado no reside en territorio francés, informa Silvia Ayuso.
Pese al revés judicial, el abogado francés de la ONG Centro del Golfo por los Derechos Humanos (GCHR), William Bourdon, contó a France Presse que presentará una nueva demanda, ya que Raisi ahora será residente, de forma intermitente, en territorio francés. La sede de Interpol está en Lyon, por lo que Bourdon considera que la justicia debería declararse competente para juzgarlo. Para el alcalde de la ciudad francesa, Grégory Doucet, la elección de Raisi es una “vergüenza”: “Un grave ataque al respeto de los derechos humanos y a la imagen” de Interpol, escribió en Twitter. Varios diputados europeos —especialmente alemanes y franceses— han mostrado su oposición a la elección de Raisi al considerar que “minaría la credibilidad” de Interpol.
Las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando el abuso de los instrumentos de Interpol por parte de países como China, Rusia, Turquía o los Emiratos para lograr la detención de opositores o de disidentes refugiados en el extranjero. “Los Estados autoritarios construyen un hecho delictivo y lo adornan de tal forma que cuando esa persona llega a un país salta una notificación roja de Interpol y, efectivamente, parece que ha cometido un delito. Solo cuando se empieza a investigar se da uno cuenta de que esa demanda de extradición es fraudulenta”, explicó hace unos meses a este diario el jurista español Manuel Ollé Sesé, que ha publicado un libro sobre la cuestión. Esas notificaciones de Interpol pueden llevar a la denegación de un visado o la entrada a un país, según explica el bufete de abogados estadounidense Nemets, que lidera una campaña contra el abuso de Interpol.
El respeto a los derechos humanos en EAU empeora desde 2011
Raisi obtuvo el 70% de los votos, imponiéndose a la candidata checa