Un legado amenazado
La estructura de la Convención de Ginebra ha sostenido en los últimos 70 años la protección internacional del desplazamiento forzoso y está en peligro por los constantes incumplimientos del derecho de asilo
En el gélido bosque de Bialowieza, en la frontera bielorrusa con Polonia, miles de migrantes se han convertido en la munición de un siniestro intercambio cuyas consecuencias tendrán un alcance continental. Si el comportamiento miserable del dictador Aleksandr Lukashenko es una muestra del peligro de los autoritarismos contemporáneos, la respuesta equivocada de la UE podría poner en riesgo el Estado de derecho y la estructura legal que ha sostenido durante décadas la protección internacional del desplazamiento forzoso.
En 2021 se cumplen 70 años de la adopción en Ginebra de la Convención del Estatuto de los Refugiados y del funcionamiento del Alto Comisionado para los Refugiados. Ambos nacieron para dar solución a los desplazamientos forzados por la II Guerra Mundial y crearon un entramado normativo y operativo que blindaría el derecho al asilo como derecho humano fundamental. También en 1951 se constituía en París la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que, a través de una alianza industrial con Alemania, aspiraba a una paz duradera en un continente devastado. Siete décadas después, el legado de Ginebra sobrevive en un contexto político muy frágil, en el que la propia naturaleza de los desplazamientos ha desbordado lo previsible. La cosecha de la CECA, germinada en la actual Unión Europea, se afana en perdurar a pesar de la discordia y la falta de compromiso interno.
Los desplazamientos provocados por el cambio climático, las crisis alimentarias o la falta de recursos básicos han difuminado la línea divisoria entre los desplazamientos inducidos por el ser humano o por causas naturales. Desde 2008, más de 318 millones de personas desplazadas climáticas ni encajan ni sueñan hoy con el paraguas del refugio. El miedo a que estas categorías de desplazamiento ahoguen el derecho de asilo, les condena a vagar en un limbo de desprotección legal cuya única alternativa es el desplazamiento interno o compartir ruta con refugiados y otros migrantes irregulares ante la falta de vías legales y seguras hacia Europa.
Pero el debate sobre cómo dar encaje a este tipo de desplazamientos desvía la atención sobre el incumplimiento recurrente de la Convención de Ginebra en su sentido más clásico, aun con sus reminiscencias eurocéntricas y sus carencias. El principio de no devolución por el que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad es hoy un derecho legalmente vinculante. Sin embargo, el acceso al asilo sufre hoy un asedio constante por aquellos que deberían protegerlo. No solo por parte de algunos Estados miembros, sino por una Comisión Europea pusilánime, que ha descuidado su tarea de guardiana de los Tratados e ignora estos retrocesos en aras del blindaje fronterizo.
Hoy el derecho al asilo molesta, como demuestra la carta a la Comisión Europea de 12 ministros del Interior pidiendo la financiación europea de muros y vallas. La utilización de seres humanos como instrumento de presión geopolítica por Bielorrusia, o anteriormente por Turquía o Marruecos, son carburante para legitimar el desguace del acervo de 1951. Un muro es un rechazo ilegal en sí mismo, y si es financiado por la Comisión Europea es aún más grave. Desde Bruselas ya se emiten señales de laxitud. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo ve factible, y sus servicios jurídicos considerarían la hipótesis de financiar muros a condición de que sean integrados y supervisados por Frontex y las agencias europeas.
Hace un año, la Comisión Europea publicaba el Nuevo Pacto de Migración y Asilo que debiera haber puesto punto final a cinco años de improvisación e insolidaridad interna. A pesar del esfuerzo por sacar la narrativa migratoria de las garras del populismo xenófobo, la nueva agenda de la presidenta Ursula von der Leyen no dejaba de ser vino viejo en odres nuevos. Un Pacto criticado además por la complejidad y disparidad de instrumentos normativos y actores implicados, que al poner en el mismo saco políticas de asilo, retornos y control de fronteras crea una mezcolanza perniciosa para los derechos de las personas migrantes y el derecho de asilo.
Las entradas irregulares ni se acercan a las de 2015 y las llegadas de Afganistán “no han mostrado un cambio marcado”, pero la UE está en guardia y se percibe el miedo. Hoy solo hay consenso y avances en materia de fronteras, externalización y retornos. Mientras el vecindario europeo tira de la cuerda para calibrar su creciente influencia, Pakistán, Irán o Ruanda se preparan para ejercer de fronteras lejanas. En el interior, Dinamarca franqueó la enésima línea roja, declarando Damasco ciudad segura para el retorno.
Hace 70 años que se firmó el Convenio de Ginebra, pero también que la UE dio su primer paso hacia la construcción de un espacio libre, justo y de derechos compartidos. Ambos legados son hoy más vulnerables e interdependientes que nunca. Protegerlos, aun con todas sus carencias, es una cuestión de supervivencia.
Ana González-Páramo es investigadora sénior de la Fundación por Causa.