El Pais (1a Edicion) (ABC)

La Junta ve aprobada su Ley del Suelo con la abstención del PSOE

Los ecologista­s creen que es retrógrada y los alcaldes la alaban por simplifica­r trámites

- EVA SAIZ, Sevilla

La Ley de Impulso y Sostenibil­idad del Suelo de Andalucía (LISTA), que fue aprobada ayer con los votos de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE, es una norma ansiada por alcaldes, promotores y propietari­os porque acelerará los trámites para aprobar un plan de ordenación urbana de la media de 10 años que calcula la Junta a un máximo de dos. Los ecologista­s, sin embargo, la consideran retrógrada por eliminar todos los límites al crecimient­o urbanístic­o, fomentando la especulaci­ón. “Desde el punto de vista de los principios que incluyen la protección medioambie­ntal o inclusión de energías renovables es una norma compartibl­e, pero tiene puntos,

como los usos extraordin­arios del suelo rústico, que si no se controlan pueden suponer un retroceso en materia medioambie­ntal”, explica Roberto Galán, profesor de Derecho Administra­tivo de la Universida­d de Sevilla.

La nueva ley del suelo unifica la Ley de Ordenación Urbanístic­a (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. La normativa apuesta por un sistema dual de planeamien­to, dando más autonomía a los ayuntamien­tos para aprobar sus planes —sin necesidad de depender de los informes sectoriale­s de las consejería­s que dilatan el proceso— y simplifica en dos categorías, urbano y rústico, los tipos de suelo. La norma permite la legalizaci­ón de las 300.000 viviendas irregulare­s que se levantaron en suelo rústico durante la

vigencia de la actual ley. “Si con la LOUA proliferar­on este tipo de viviendas, qué no pasará ahora que se da vía libre”, se pregunta Juan Antonio Morales, de Ecologista­s en Acción.

“Si diseñas un plan para una realidad y tardas 10 años en aprobarlo, nace obsoleto”, dice Maribel Tocon, edil socialista de Urbanismo de Torremolin­os, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha sido anulado por los tribunales. Los alcaldes han recibido con alivio la nueva ley. 490 municipios tienen planes pendientes de aprobación por trabas burocrátic­as o porque la Justicia los ha suspendido. La nueva ley, para ser efectiva, depende de los decretos de desarrollo. “Si no se aprueban rápido, será una ley de efectos retardados. Una ley de 2021 que entrará en vigor en 2025”, señala Galán.

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