La Junta ve aprobada su Ley del Suelo con la abstención del PSOE
Los ecologistas creen que es retrógrada y los alcaldes la alaban por simplificar trámites
La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (LISTA), que fue aprobada ayer con los votos de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE, es una norma ansiada por alcaldes, promotores y propietarios porque acelerará los trámites para aprobar un plan de ordenación urbana de la media de 10 años que calcula la Junta a un máximo de dos. Los ecologistas, sin embargo, la consideran retrógrada por eliminar todos los límites al crecimiento urbanístico, fomentando la especulación. “Desde el punto de vista de los principios que incluyen la protección medioambiental o inclusión de energías renovables es una norma compartible, pero tiene puntos,
como los usos extraordinarios del suelo rústico, que si no se controlan pueden suponer un retroceso en materia medioambiental”, explica Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.
La nueva ley del suelo unifica la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. La normativa apuesta por un sistema dual de planeamiento, dando más autonomía a los ayuntamientos para aprobar sus planes —sin necesidad de depender de los informes sectoriales de las consejerías que dilatan el proceso— y simplifica en dos categorías, urbano y rústico, los tipos de suelo. La norma permite la legalización de las 300.000 viviendas irregulares que se levantaron en suelo rústico durante la
vigencia de la actual ley. “Si con la LOUA proliferaron este tipo de viviendas, qué no pasará ahora que se da vía libre”, se pregunta Juan Antonio Morales, de Ecologistas en Acción.
“Si diseñas un plan para una realidad y tardas 10 años en aprobarlo, nace obsoleto”, dice Maribel Tocon, edil socialista de Urbanismo de Torremolinos, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha sido anulado por los tribunales. Los alcaldes han recibido con alivio la nueva ley. 490 municipios tienen planes pendientes de aprobación por trabas burocráticas o porque la Justicia los ha suspendido. La nueva ley, para ser efectiva, depende de los decretos de desarrollo. “Si no se aprueban rápido, será una ley de efectos retardados. Una ley de 2021 que entrará en vigor en 2025”, señala Galán.