La renuncia del Govern a acusar a secesionistas obliga a aplazar un juicio

El Govern consumó ayer su retirada: no acusará a los siete manifestantes independentistas juzgados por provocar incidentes durante la investidura fallida de Carles Puigdemont, en enero de 2018, y tampoco representará a los agentes de los Mossos d’Esquadra que resultaron heridos. El abogado de la Generalitat explicó ante los magistrados de la Audiencia de Barcelona que, “por órdenes del Departamento de Interior”, dejaba de representar a los agentes. La maniobra obligó a suspender el juicio, ya que los policías no han renunciado a ejercer sus derechos y deberán buscarse ahora procurador y abogado.

Tal y como avanzó la víspera EL PAÍS, los servicios jurídicos de la Generalitat han remitido en las últimas dos semanas escritos en los que anunciaban su intención de retirarse del caso pese a que, inicialmente, pedían dos años de cárcel para los manifestantes por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Una orden firmada por el secretario general de Interior, Oriol Amorós, el 10 de noviembre, provocó el cambio de criterio. El argumento jurídico de esa orden es que, en el caso de los incidentes junto al Parlament de enero de 2018, “no se ha podido individualizar los causantes de las lesiones que sufrieron” cinco mossos. Ese será el criterio que seguirá a partir de ahora Interior en casos similares.

Acuerdo con la CUP

Que no se haya podido identificar a quienes provocaron las lesiones está por ver, y es parte de lo que se dirime en el juicio. La Fiscalía, de hecho, considera a algunos de los siete manifestantes autores de un delito leve de lesiones por lo que, al menos desde su prisma, los autores sí están identificados. Los hechos se produjeron el 30 de enero de 2018, antes del pleno convocado para intentar investir a Puigdemont a distancia, que fue finalmente suspendido. Puigdemont no podía ser elegido president porque está fugado fuera de España.

Una decena de mossos, ya sin representación de Interior, confirmaron ayer en la primera sesión del juicio que pretenden seguir ejerciendo la acusación. Tras un receso, los magistrados decidieron aplazar la vista para que los agentes designen abogado y procurador.

El Govern ya anunció que revisaría una treintena de causas contra manifestantes para dirimir si mantiene la acusación. ERC pactó con la CUP, para lograr la investidura de Pere Aragonès, que la Generalitat no se personaría en casos por desórdenes públicos.